Ante el amparo que presentó la ex titular del Instituto Estatal de la Mujer junto a un grupo de activistas, y que sería apoyado por algunos diputados, en contra de la designación de Gerardo Guajardo Cantú como contralor estatal, el Gobierno Estatal informó que defenderá el tema en los tribunales.
Manuel González Flores, secretario general de Gobierno, dijo que la designación no viola la Constitución, además de que fue votada por una mayoría legislativa. Sin embargo, estarán a la espera de los recursos que se presenten en su contra, por el tema de la paridad.
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“Veremos en los tribunales la posibilidad de que ellos presenten algún escrito. Respetaremos igual que la libertad de expresión en todas partes, respetaremos la opinión que ellos tengan, sin embargo, las mayorías constitucionales confirmaron la designación con 29 votos a favor.
“Con ello es suficiente para que sea el contralor del Estado, se cumple con la Constitución. Si alguna discusión hay en tribunales, con gusto los abogados del Gobierno verán eso, o los abogados del propio Congreso, porque es el propio Congreso donde se armaría la discusión”, expresó.
Ante los señalamientos de legisladores, como la diputada local Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano, quien advirtió de irregularidades en el proceso de designación, señalando que el Gobierno Estatal debió proponer una mujer, Manuel González insistió en que los reglamentos locales no están definidos, por lo que no es una designación anticonstitucional.
“Para mí está bien hecha la designación, no es anticonstitucional. Como no están definidas las reglamentaciones alrededor de todo eso aquí en el estado, no va a ser impedimento para que él sea”, expresó.
De acuerdo a Mariela Saldívar, la designación del contralor debió garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en un principio de paridad de género, conforme al Artículo 41 de la Constitución Federal.
Además, señaló que el proceso se debió haber hecho a través de un proceso de convocatoria pública obligatorio, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Nuevo León, pero en su lugar se hizo una designación directa, la cual ya fue aprobada por el Congreso local, con 29 votos a favor.