Con más de 20 observaciones que señalan un impacto presupuestal por perfilar la contratación de psicólogos en escuelas, seguros para los planteles educativos, así como las plazas para maestros, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, vetó la Ley de Educación de Nuevo León, por lo que el Congreso local tiene la posibilidad de corregirla, o bien, dejar el asunto para la próxima legislatura.
De acuerdo con el documento enviado por el Ejecutivo Estatal a la Oficialía de Partes del Congreso local, mismo que deberá ser turnado a la Comisión de Educación y posteriormente analizado por el Pleno, Rodríguez Calderón y la Tesorería General consideraron que las reformas propuestas por el Partido del Trabajo (PT) conllevan un incremento presupuestal al establecer disposiciones que implican obligaciones en materia de gasto público que no estaban contempladas en el Presupuesto de Egresos 2021.
“No se realizó el análisis para determinar el impacto económico del gasto y de donde se dispondrá de cosas para el cumplimiento de las diversas disposiciones que implican obligaciones en materia de gasto público para el estado”, se lee en el veto.
Sin embargo, añadió la Tesorería, se contradice el marco regulatorio vigente para los entes públicos del Estado y sus municipios en materia de responsabilidad hacendaria y financiera específicamente en el artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera, misma que no se cumple al pretender aumentar un gasto público sin que haya existido propuesta de iniciativa de por medio para agilizar los ingresos necesarios a fin de cubrir esa modificación que implica mayores gastos.
El Ejecutivo estatal enumeró los artículos de la Ley de Educación con los que no está conforme, como el 21 en su fracción segunda, que proyectó atender de manera especial las escuelas que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades.
Y aunque múltiples organizaciones de la sociedad civil y decenas de diputados se mostraron conformes con tener un psicólogo y un trabajador social por escuela, la Tesorería propuso quitar estas dos figuras porque implicaría un gasto mayor, al tiempo que tampoco estuvo de acuerdo con la gratuidad de educación superior de manera gradual.
Sobre el artículo 97, en el que se proponía que la SE tuviera un expediente por estudiante en el que se contuvieran los datos sobre su trayectoria académica, se ordenó modificarlo porque no se contempló el gasto en hojas de máquina e impresoras.
“Artículo 103. La Secretaría, en colaboración con la dependencia competente y de acuerdo con la suficiencia presupuestal, impulsará programas alimentarios para los educandos a partir de microempresas locales, en escuelas ubicadas en zonas de pobreza, alta marginación y vulnerabilidad social”, estableció la Tesorería.
También está en juego un seguro escolar contra accidentes personales para estudiantes que cursen el tipo básico, ya que dichas disposiciones contendrán los esquemas de subsidios que, en su caso, contemple el Gobierno de Nuevo León.
Respecto al polémico transitorio quinto, en el que se contemplaba que Nuevo León previera de manera progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, los recursos necesarios para garantizar la prestación de educación inicial, con el fin de lograr la universalidad de dicho servicio, conforme a lo que establece la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, el Estado se declaró imposibilitado para aprobar este asunto.
Recomienda PAN a Comisión de Educación Entablar Diálogo con Secretarías de Finanzas y Secretaría de Educación de Samuel García
Previo al veto 72 del Poder Ejecutivo, Carlos de la Fuente, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, manifestó que la decisión del mandatario estatal es injustificada argumentando la falta de dinero, por lo que recomendó a la Comisión de Educación entablar un diálogo urgente con las Secretarías de Finanzas y Educación del gobernador entrante, Samuel García.
De la Fuente dijo que hace dos años los diputados locales dialogaron con las Secretarías de Educación y Finanzas, sindicatos de maestros, asociaciones de padres de familia y autoridades estatales a fin de sacar adelante la Ley, por lo que cuestionó el cambio de parecer del Estado.
“La presidente de la Comisión me había dicho que había recibido algunas observaciones del equipo de la Secretaría de Educación entrante, pero ya era muy tarde, el mero día, Tabita, de MC, también me lo comunicó y luego hizo una sola reserva, me imagino que tiene que ver con eso, pero le dimos tranquilidad que ese cuarto transitorio les daba la tranquilidad financiera”, indicó.
Agregó que no hay forma de confirmar que se trate de abuso en contra del gobierno entrante, ya que, añadió, el Congreso tiene la facultad para reformar las leyes correspondientes sin afectar a terceros.