La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a las hermanas Ana Beatriz y Celia González Pérez por la violación a sus derechos humanos perpetrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hace 25 años.
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En Ocosingo, Chiapas, Sánchez Cordero, acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, recordó que las hermanas y a su madre fueron detenidas de manera ilegal, violadas y torturadas por elementos del ejército.
“Ana, Beatriz Gisela González Pérez y su madre Delia Pérez a nombre del Estado Mexicano les ofrezco una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente”, expresó la titular de Gobernación.
Con un traductor de lenguas indígenas, la funcionaria aseguró que el Estado Mexicano asume la responsabilidad por un hecho que evoca dos exigencias pendientes: la deuda con los pueblos indígenas y el abandono institucional de sus comunidades.
“Por un lado, la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas a quienes reiteradamente hemos fallado en garantizar sus derechos individuales y colectivos. Asimismo, reconocemos que este abandono institucional y marginación social a las que han estado sometidas las comunidades y los pueblos indígenas al Estado Mexicano han colocado una posición de extrema vulnerabilidad a las mujeres y niñas indígenas de este país”, añadió.
Alejandro Encinas aseguró que el gobierno reconocer la violación a los derechos humanos derivada de la detención ilegal de las mujeres por su supuesta participación en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, “cuando fueron violentadas en su integridad física, su dignidad personal y su derecho a la justicia de ser mujeres indígenas. Estos indignantes hechos han transcurrido 25 años de impunidad”.
El 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, así como a su madre Delia Pérez (indígenas tzeltales) para interrogarlas por su supuesta participación en el levantamiento armado y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas.
Las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas por los militares.
En junio de 1994, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico que fue corroborado.
El expediente fue trasladado en septiembre de 1994 a la Procuraduría General de Justicia y archivado bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso” y que no se configuran violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas.
OVM