Al explicar la iniciativa de reforma constitucional para que la extorsión sea delito grave o de alto impacto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el proyecto considera diferentes modalidades, como son: el engaño telefónico, amenazas telefónicas, los montachoques, los montadeudas; la exigencia bancaria, el cobro de piso, así como los monopolios en la distribución de diferentes productos.
“Actualmente en el país se registra un incremento en el número de extorsiones; un delito que lastima a la sociedad y afecta su patrimonio y seguridad. Durante enero de este año se tuvo, por ejemplo, un aumento del 7.7 por ciento en la comisión de este delito, en comparación con el mismo mes de 2023, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, dijo.
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Con las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizadas y al Código Penal Federal se pretende impedir que los delincuentes obtengan su libertad con facilidad.
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Rosa Icela Rodríguez indicó que con estas modificaciones se pretende transitar de un delito patrimonial a uno contra la seguridad e integridad de las personas y eso implicaría aumentar las penas contra los extorsionadores.
“Esto nos permitirá desmantelar y llevar a proceso a los grupos delictivos que se organizan para cometer estos ilícitos. Asimismo, se prevé sancionar conductas específicas como el engaño telefónico o las ofertas de premios que si bien no son propiamente extorsivas, se encuentran vinculadas en este delito. Se pretende también unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas”.
La funcionaria federal confió en que los grupos parlamentario del Congreso de la Unión aprueben dicha iniciativa que “busca el bienestar y la protección de la población”.
LP