Continúa la disputa legal entre vecinos, el Ayuntamiento de Guadalajara y una inmobiliaria, por una fracción de 2.5 hectáreas del bosque urbano de Arboledas Sur, al pie del cerro de Santa María, al sur de la demarcación, una de las zonas más desprovistas de áreas verdes de la metrópolis.
El Ayuntamiento sostiene que debió negociar su entrega a los particulares porque se había quedado sin margen legal para recuperarlo, pues los gobiernos de Ramiro Hernández (2013-2015) y de Fernando Garza (2001-2004) habían legitimado un reclamo basado en escrituras de origen espurio de un predio inventado por notarios en los años setenta y ochenta del siglo XX, la famosa Cuyucuata. Por eso, ayer, en un comunicado, la comuna considera un triunfo haber mantenido 65 por ciento de la superficie (aproximadamente 4.8 ha) como área verde, y destaca la importancia de la inversión de 24 millones de pesos (dinero que pone la constructora beneficiada con el acuerdo) para modernizarla.
Eso no ha evitado dos jornadas ríspidas entre la policía municipal y una fracción vecinal opuesta a ver cercenado su bosque urbano, de casi ocho ha. El grupo de vecinos se ha visto fortalecido por la resolución judicial del Primer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa, que en la queja 185/2018 (derivada del amparo 1545/2018) ordenó apenas el pasado 7 de junio, conceder una “suspensión de plano” a favor de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, que reclama los predios como suyos, bajo la premisa de que su derecho viene de la colonia y que una superficie comunal no se puede vender y ninguna posesión sobre ella prescribe, así sea por décadas, como es el caso.
“Lo que procede es conceder la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos encaminados a afectar los predios el Cerro Santa María (43-00-00 hectáreas), y Agua de los Coyotes (8-70-00 hectáreas), con las medidas y colindancias descritas en la demanda de amparo”, señala la resolución, dada a conocer de forma completa ayer. Esto significa que no solamente no podrán modificar el predio los propietarios, sino que el ayuntamiento podría verse en problemas para hacer su intervención de mejoras en la zona no afectada.
¿Fraude legalizado?
La escritura con la que los particulares reclamaron su derecho al ayuntamiento es de origen espurio, se llama La Cuyucuata, y ya había sido impugnada por los gobiernos federal y del estado desde el lejano 1994.
El 24 de febrero de 1994, el diario Siglo 21 reportaba un documento de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde se hacían observaciones puntuales sobre el conflicto. “Tiene una larga historia de fraudes, engaños y conflictos: muertos, heridos, apedreados. Asesinaron al presidente en turno de la comunidad indígena [de Santa María Tequepexpan], muchos fueron apedreados… se obtenían terrenos desde 60, 100, 500 mil pesos hasta en tres millones [de viejos pesos] según la ubicación del terreno. Se consolidó un grupo amparado por dirigentes del municipio de Tlaquepaque […] este grupo empieza a vender constancias en 30 mil, 100 mil o tres millones de pesos… el predio Nueva Santa María lo dividieron en ocho mil lotes que se dividieron entre conquistas, cenecistas y del sector popular…”.
Según el documento de la Sedesol, los supuestos dueños de La Cuyucuata eran en ese entonces el Fonhapo [Fondo Nacional de Habitaciones Populares], el ex gobernador Enrique Álvarez del Castillo [quien negó la atribución unos días después al mismo diario], José Pérez Luna y Antonio Torres. La propuesta de la agencia federal era realizar una amplia expropiación de un terreno cuyos límites ni siquiera eran precisos.
Ya avanzada la investigación, la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, que presidía José Luis Leal Sanabria, encomendó a Gorgonio Ponce Rodríguez, director de orientación y apoyo a los municipios, a realizar negociaciones. Encontró en el camino 39 presuntos propietarios, además de la entidad de vivienda federal hoy extinta. La expropiación no se realizó.
La Cuyucuata fue “hecha valer” por Garza Martínez, pues su administración no se defendió de una diligencia de apeo y deslinde. El ayuntamiento señala que el ex alcalde panista sería miembro de la empresa Desarrollos Inmobiliarios 10, que se benefició con la omisión. El segundo golpe fue cuando el gobierno de Ramiro Hernández aceptó una donación de superficie del predio fantasma.
Guadalajara retiró en 2016 un juicio civil para impugnar la escritura y en la revisión de planes parciales de 2017, retiró la condición de área verde a la superficie reconocida a la inmobiliaria. Si no se hubiera hecho ese cambio de uso de suelo, los empresarios, por más escrituras que ostentaran, no podrían construir: la determinación de usos es atribución exclusiva del ayuntamiento en el caso de las zonas urbanas. Para los vecinos, esa fue la contribución de la actual administración del municipio a un negocio inmobiliario que nunca debió prosperar.
Izquierda, plan parcial anterior con el área destinada a jardines; derecha, nuevo plan, con menos área verde
SRN