De enero a noviembre de 2021, el gobierno estatal integró "expedientes de presunta responsabilidad" en contra de exservidores públicos de gobiernos anteriores por un monto de 124 millones 649 mil pesos por faltas administrativas graves como desvío de recursos, abuso de funciones, encubrimiento y peculado.
De acuerdo al apartado "Combate a la Corrupción" del Tercer Informe de Gobierno del gobernador Miguel Barbosa Huerta, durante el año la administración estatal recibió 923 denuncias por actos u omisiones que pudieran vincularse con faltas administrativas cometidas por servidores públicos, de las cuales, "se tienen abiertos 562 expedientes en los Órganos Internos de Control, en los que se investigan los hechos denunciados".
El documento refiere que hay otros 719 expedientes abiertos para investigar hechos que pudieren ser constitutivos de alguna falta administrativa y durante el año se concluyó la atención de 361 expedientes.
El gobierno de Puebla, explicó que fueron radicados 207 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 159 corresponden a faltas administrativas no graves y 48 a faltas administrativas graves. De éstos, 134 se encuentran en proceso, 50 se resolvieron y 23 fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJAEP); "adicionalmente, de ejercicios anteriores, se tienen 8 resoluciones".
Aunado a lo anterior, durante 2021 se emitieron 58 resoluciones que tuvieron como resultado 20 destituciones e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones, 18 suspensiones, 4 sobre seguimiento, una amonestación pública y 15 absolutorias.
Tal y como lo había señalado días atrás, Barbosa Huerta destacó que su gobierno está en negociaciones para reducir la deuda pública que dejaron "obras suntuosas" realizadas durante el morenovallismo, como la Estrella de Puebla, el Teleférico, el Centro Integral de Servicios (CIS), el Museo Internacional Barroco (MIB) o la plataforma Audi.
CHM