Un juez de control de competencia penal decretó la restitución de las instalaciones de la planta Bonafont, ubicada en la junta auxiliar de San Mateo Cuanalá del municipio de Juan C. Bonilla, en favor de la empresa embotelladora de agua, por lo que el operativo realizado por la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en el sitio responde al cumplimiento de dicha orden, señaló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
Luego de que elementos de la GN y SSP desalojaron la madrugada de este martes a pobladores y activistas que mantuvieron cerrada la planta por 11 meses porque alegaban sobreexplotación de pozos y mantos acuíferos en la región, el mandatario sostuvo que Bonafont ahora cuenta con elementos para volver a ocupar las instalaciones que le pertenecen.
"Se llevó a cabo una diligencia judicial no ordenada por el Ejecutivo, lo que sigue es que la empresa restablezca sus operaciones de manera normal y que cualquier reclamo de personas, de organizaciones se lleve a cabo con el diálogo correspondiente".
El gobernador afirmó que se debe cuidar y defender el agua pero con respeto hacia los demás, sin afectar los bienes que pertenezcan a terceros y siempre buscando el diálogo entre sociedad, gobierno y, en este caso, la empresa Bonafont.
"Tiene la empresa que dialogar, tienen autoridades federales que dialogar, tenemos nosotros como gobierno del estado que intervenir en ese diálogo, es así, tiene que prevalecer el cumplimiento de la ley con respeto absoluto a los derechos humanos y con respeto a los bienes".
Cabe recordar que en marzo de 2021 pobladores de Juan C. Bonilla clausuraron simbólicamente la planta y montaron un plantón en el exterior, sobre la carretera federal México-Puebla, para exigir la salida de Bonafont al considerar que opera pozos clandestinos y está secando los mantos acuíferos en la zona.
Asimismo, el 8 de agosto los inconformes fueron acompañados por el colectivo Pueblos Unidos e ingresaron por la fuerza al inmueble para tomarlo por la fuerza, ya que afirmaban que tenían el respaldo de 6 mil habitantes de la región que no estaban de acuerdo con la presencia de Bonafont en San Mateo Cuanalá y convirtieron las instalaciones de la embotelladora de agua en un centro comunitario denominado "Altepelmecalli" o "La Casa de los Pueblos".
AFM