La comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a) deberá esperar al menos al mes de septiembre para que exista la posibilidad material de que se ejecuten catorce juicios agrarios que ha ganado, y se le entreguen 922 hectáreas, para sumar apenas 10 por ciento de la superficie reclamada con base en sus títulos virreinales.
“Nos reunimos con las instituciones del gobierno federal, el gobierno de Jalisco y el de Nayarit, el 5 de julio pasado en Tepic, y lo que nos plantearon fue que en dos meses tendrían integrados los expedientes, eso lo dijo el director de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Mario Rentería, quien nos informó que por disposición de la secretaria [Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano] iba a tender este asunto, a través del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural [Cosomer], y si van las fechas como ellos dicen, a principios de septiembre deben estar ya integrados los expedientes”, dijo en entrevista telefónica con MILENO JALISCO, el abogado de los comuneros, Carlos González García.
En la cita estuvo la representación del comisariado de bienes comunales, del consejo de vigilancia y del gobierno tradicional. Los wixaritari manifestaron su inconformidad por la lentitud con que se ha dado el proceso y responsabilizaron al gobierno federal, y a los estados, de los incidentes que se puedan suscitar. No obstante, el representante de la Sedatu fue enfático respecto a la imposibilidad de integrar en menos tiempo los expedientes, que implican la partida financiera, el análisis de la sentencia y la negociación directa con los posesionarios.
Tampoco se puede pagar lo que estos exijan, sin más, pues se trata de recursos públicos y debe soportarse en una medición objetiva, como son los avalúos, enfatizó.
El compromiso de la Sedatu es que cuando se encuentre avanzada la integración, acudirán al Tribunal Superior Agrario, para proceder a una rápida ejecución de los expedientes. Esto lo encuentra discutible el asesor jurídico, pues la competencia corresponde al Tribunal Unitario Agrario 56 de Tepic, como entidad ejecutora, por lo que aseguró que cuando llegue el plazo solicitado, se retomará el contacto con el magistrado para que se vuelvan a programar los casos pospuestos por la “imposibilidad material” (la activa oposición de los posesionarios a permitir el acceso al personal del juzgado para entregar los predios cuya sentencia ya es inatacable jurídicamente).
“Yo no creo que el tribunal superior tenga mucha competencia en el asunto, nosotros vamos a solicitarle al magistrado que programe las ejecuciones, en el caso de las que se suspendieron, y las audiencias de ejecución, para los asuntos que aún no han pasado por esta etapa. Nosotros creemos que son serios en la Sedatu cuando nos informan que esos asuntos ya tienen recursos económicos para negociarse”, añadió González García.
La protestas de los comuneros en los meses anteriores, ante la pasividad o lentitud de las autoridades en abrir la negociación y garantizar la paz social y el Estado de derecho en la sierra, derivaron, a partir del 30 de abril, en el cierre parcial del acceso a las 36 localidades de Wuaut+a, para impedir el proceso electoral. A eso se sumó, a partir de mayo, el cierre de escuelas y de los centros de salud; esto obligó a reajustar el calendario escolar para evitar que los niños huicholes pierdan el ciclo. Finalmente, ni el gobierno de Jalisco ni la autoridad electoral pudieron evitar que el bloqueo permaneciera, por lo que dejaron de votar más de ocho mil moradores de la sierra.
Claves
Los casos a ejecutar
Los catorce predios que se restituirán en primera instancia corresponden a los posesionarios Baltazar Herrera López, con 53 ha; Ignacio Bugarín Arteaga, con 131 ha; Ignacio Quintanilla Montoya, con 14 ha; Ramón Montoya Utreras, con dos predios por 29.3 y 8.7 ha; Teodoro Montoya Utreras, con dos predios por 79.6 y 13 ha, respectivamente; José Quintanilla Medina, con 129.4 ha; Rafael Sandoval Muñoz, con 265.2 ha; Pascual Bugarín Carlos, con dos predios por 86 y 93 ha, respectivamente; Fortino Montoya Urtreras, con 0.06 ha; Francisco Bañuelos García, con 4.2 ha; Alejandro Hernández Márquez, con 3.5 ha, y Arnulfo Pacheco, con 12.2 ha.
El total de superficie a ejecutarse, 922.17 ha. Esto significa que a finales de 2018 y comienzos de 2019, apenas se llegaría a 10 por ciento de la superficie de Huajimic pendiente de restituirse.
El decreto presidencial en 1953 a favor de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), es la base de las reclamaciones de la tierra que en su momento el rey español había titulado, y les fueron arrebatadas entre el siglo XIX y el periodo previo a la revolución de 1910
Waut+a ha podido recuperar judicialmente más de 200 de 320 kilómetros cuadrados invadidos. La fortaleza jurídica es el principio elemental de que “el primero en tiempo es primero en derecho”, y además, que en México, los derechos agrarios no prescriben. Los derechos de los posesionarios datan de una escritura del año 1906.
SRN