Estaba por caer la tarde del 5 de junio cuando un funcionario estatal interpeló a la asamblea de Wuaut+a: “Quiero que me respondan, ¿estoy retenido o no?”. La pregunta produjo un silencio embarazoso. Los comuneros de San Sebastián-Tuxpan recién habían decidido que el trabajo se reanudaría a las 8.30 de la mañana, e “invitaban” a los servidores públicos a pernoctar en Mesa del Tirador.
Un dirigente comunal balbuceó: “no están retenidos…”. Entonces, guiada por el autor de la interpelación, la delegación del gobierno de Jalisco, que había permanecido en ese rincón de la Sierra Madre Occidental desde mediodía, bañada por ese sol feroz que tenía al borde de la insolación a más de algún servidor público no acostumbrado a los rigores de zona rural, comenzó su retirada, ante la mirada perpleja de sus anfitriones.
Se acercaban las nueve de la noche, aún con luz natural por el horario de verano. Las camionetas de Fuerza Única de Jalisco esperaban en la frontera de la comunidad, encendidas. Los catorce funcionarios y sus colaboradores abandonaron a pie el sitio donde habían discutido las reclamaciones de los indígenas: sí eran tema el más de un mes de interrupción del ciclo escolar, el cierre de las casas y centros de salud, el mantener puestos de control para impedir el proceso electoral en las 36 localidades de este mundo wixárika; los problemas de abasto, de desnutrición, de adicciones y de seguridad. Pero lo más fuerte, lo que mantuvo a los aborígenes indignados durante sus intervenciones en la asamblea, fue la desesperación heredada de muchas generaciones, porque desde 1953, año en que el presidente Adolfo Ruiz Cortines les reconoció y tituló los bienes comunales, no han podido entrar en usufructo de ese filete de valles y montañas que se llama Huajimic, la frontera histórica de Wuaut+a con el estado de Nayarit.
Desde la mañana, quien traía la tarea de responder a la acuciante necesidad de certidumbre; en pocas palabras, de si ya había dinero federal para indemnizar a los ganaderos, reacios a perder sus posesiones “a cambio de nada”, era el director de asuntos agrarios del estado, Mario Vladimir Avilés. No llevaba papeles e hizo cundir la desazón. Hubo manifestaciones de furia, salidas de tono, regaños, amenazas. Un dirigente de los wixaritaris dijo que se sentían “amenazados” e incluso acusó al gobierno de atraer “a los malos […] cuando ustedes se van siempre llegan los malos, no debe ser casualidad…”. Se decidió invitarlos a quedarse. Se les pidieron “cortésmente” las llaves de sus vehículos. Se les sentó a trabajar, sin más mitigación del calor que sus gorras y agua, y la precaria sombra de algunas acacias.
El reclamo lógico era que el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, se apareciera. Éste les respondió por teléfono que su presencia no resolvía nada, y los invitó a acudir con él a la Ciudad de México a reclamar a la Secretaría de Gobernación. De entrada fue rechazada. Llamadas que entraban y salían de los celulares, con apremios por la seguridad por parte del secretario de gobierno, Roberto López (“nunca nos restringieron el teléfono”, aclara un servidor público). La mayor parte del tiempo, la plática, el diálogo, las bromas. Cuando volvía la asamblea, regresaban los discursos imperativos, las imprecaciones, la indignación, la urgencia en dar otro paso ante el tibio aliado que les ha resultado Jalisco.
Los wixaritaris no estaban preparados para una salida voluntaria de los funcionarios, pero ésta fue sin incidentes, de acuerdo a los relatos recabados por MILENIO JALISCO entre los testigos gubernamentales. En cambio, los indígenas acusaron, ya ayer, de amago de violencia y uso de gases lacrimógenos a la policía, para forzarlos a liberar al grupo. Los videos tomados no revelan esos extremos, pero habrá que ver lo que ofrezcan como evidencia los quejosos.
Hoy temprano, la dirigencia comunal parte de Guadalajara a la capital del país, junto con el gobernador Sandoval. Juntos, han decidido exigir cuentas a la Segob.
Un viaje a Segob, la esperanza
El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, y el secretario de Educación, Francisco Ayón López, negaron ayer la “retención” de nueve horas en la Sierra Huichola, y aseguraron que hay concordia con la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán para ir juntos en busca de resolver su rezago agrario de Huajimic.La comunidad, en cambio, emitió una declaración en que se queja de la salida de los funcionarios, destaca que no firmaron ninguno de los acuerdos, y asegura que hubo principios de violencia de la Fuerza Única Regional contra los wixaritari. Le exigen al gobernador la destitución de Vladimir Avilés como negociador en el tema agrario. Esperan que la reunión de hoy en la capital del país destrabe sus desencuentros con el gobierno estatal.
SRN