Con la alerta de género que se mantiene activa en cinco municipios de Nuevo León y con el compromiso a no revictimizar a las involucradas cuando acuden a los Code a denunciar a su atacante, Griselda Núñez, titular de la Fiscalía en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, afirma que mientras los agresores sepan que hay una sanción por maltrato erradicarán el problema social.
En entrevista con la plataforma MILENIO-Multimedios, la fiscal especializada cuenta que la visión de la revictimización institucional implica que una víctima dé su testimonio a diferentes áreas donde no darán un apoyo oportuno. Por ejemplo, cuando una mujer va golpeada al hospital, detalla todo al médico o guardia y ya cuando fue cuestionada, los funcionarios del nosocomio le informan que debe acudir a un Code.
“La videodenuncia ha permitido auditar las actuaciones de los servidores públicos, en que sean bien informadas para que no haya un lenguaje estereotipado, ni inquisitivo hacia ella, sino que tengan los protocolos de atención para víctimas, niñas, niños y adolescentes. Hay que reforzar al servidor público, darle capacitación, brindarles el apoyo", destacó la fiscal.
Núñez dijo que cuando se presenta una denuncia tiene que conocerse el hecho: "Es difícil para ellas porque partimos de que entendemos su dolor, pero se requiere para la investigación y esto es en diferentes momentos, en el momento de la denuncia, en el psicológico, y en el momento del juicio y los tres son igual de duros o difíciles para ellas que tienen que volver a recordar ese hecho; es una situación que no es de la fiscalía, sino un sistema de justicia penal”.
La titular del órgano descentralizado presentó una analogía en la que describió a una persona enferma que acude al hospital, después recibirá suero y será operada, pero advierte que durante el proceso será doloroso, aunque se requerirá para tener alivio y no más sufrimiento.
“Mientras los agresores sepan que hay una sanción, pues erradicaremos el problema; es una acción en conjunto y a nosotros nos toca tener unas instalaciones dignas y programas con perspectiva de género, este proceso es exclusivo para la investigación, es para tener una sanción o una condena para el responsable,” enfatizó.
Cuestionada sobre el cese de ministerios públicos que carecen de perspectiva de género o revictimizan, la fiscal dijo que se han dado visitas a las Visitadurías de los agentes que incurren en una responsabilidad jurídica por la mala utilización de lenguaje o generación de estereotipos hacia la víctima.
“Tenemos 100 por ciento de los ministerios públicos que están capacitados en perspectiva de género. Cuando hay una situación que reforzar lo mandamos a capacitación y si esto se corrige o empieza a reflexionar, continúa generando las actividades. Si no tiene la habilidad para la atención a víctimas se hace una reconducción a otra área”, señaló.
“En la medida de que se denuncien los delitos, subrayó la funcionaria, como la trata de personas en un matrimonio forzado o la toma de fotografías a menores de edad, baja la muerte de mujeres; al corte de noviembre hay 57 muertes de mujeres en relación al año anterior que había 62”, aseguró.
La fiscal presumió que en el último año se incrementó 40 por ciento las judicializaciones, porque en 2020 se judicializaron 2 mil 466 carpetas, mientras que este año hay 3 mil 462 vinculaciones a proceso.
“En el 2020 tenemos 254 sentencias y en este año hay 414 en los delitos de género como feminicidio, trata de personas, violencia familiar y delitos sexuales. Las 414, en su mayoría, corresponden a 2020 y 2019. Las carpetas del 2021 tendrán solución hasta 2022, no obstante hay casos de 2013 con órdenes de aprehensión para el agresor y protección para la víctima”, finalizó