En el estado de Guanajuato 285 mil 615 personas presentan una discapacidad permanente, lo cual equivale al 4.63 por ciento de la población, de las cuales 51 mil 694 no cuenta con afiliación a servicios de salud, lo cual aumenta su vulnerabilidad y afecta a su economía.
Por tal motivo la diputada de Morena, Irma Leticia González presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad para que las personas con discapacidad permanente cuenten con un apoyo económico que les permita tener ingresos para una vida digna, pues se enfrentan a grandes dificultades para conseguir empleo.
La congresista precisó que las personas con discapacidad incluyen a quienes tienen alguna limitación o deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
De acuerdo al censo de población y vivienda 2020 publicado por Inegi, sólo 4 de cada 10 personas con discapacidad mayores de 15 años tienen participación económica.
“Consideramos necesario incorporar en la Constitución local el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico. Dicha incorporación permitiría armonizar el aparato jurídico fundamental de la entidad en materia de derechos humanos y bienestar social de las personas con discapacidad”, enfatizó.
Cabe destacar que a nivel federal ya existe un programa que les brinda un ingreso económico de 2 mil 800 pesos bimestrales sin embargo solo son beneficiarios 44 mil 427 guanajuatenses, por lo qué hay un gran sector de la sociedad desatendido.
“En nuestra entidad hay aproximadamente 122,539 personas con discapacidad que aún no reciben un apoyo económico; sin embargo, las y los iniciantes consideramos que existen las condiciones de posibilidad suficientes para dar cobertura universal de este derecho en nuestro estado de forma progresiva”, enfatizó
Esta propuesta incluye criterios de selectividad incremental; la minoría de edad, la pertenencia a comunidades indígenas y afromexicanas, así como la situación de pobreza.
SEMY