El estado de Guanajuato está en riesgo de quedar rezagado en materia penal de no aprobarse la iniciativa enviada por el Ayuntamiento de León para castigar con cárcel a las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol, de alguna droga o sustancias similares.
La propuesta de modificación a la ley que ya se encuentra en el Congreso Local, es analizada por diputados de todas las fracciones y que tienen la responsabilidad de actualizar la normativa en beneficio de los ciudadanos; dicha propuesta establece prisión de seis meses a un año para quien conduzca en estado de ebriedad.
Actualmente son 17 estados de la República Mexicana quienes ya aplican este tipo de sanciones a automovilistas alcoholizados o dopados; entre estos estados se encuentra Baja California Norte, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
En el caso de Baja California Sur, se establece en el artículo 352 de su Código Penal que a quien en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o sustancias similares, conduzca algún vehículo de motor, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión o multa de cincuenta a cien días y de cincuenta a cien días de tratamiento, además de la sanción correspondiente al delito que se hubiere cometido.
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Si este delito se comete por conductores de vehículos de transporte escolar o de servicio público de pasajeros, se duplicarán las sanciones señaladas en este artículo.
En cuando al estado de Colima se contempla en el artículo 247 de su Código Penal que al
“que ponga en movimiento o maneje un vehículo de motor o maquinaria similar, en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes estupefacientes, psicotrópicos o análogas que produzcan efectos similares, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, y multa por un importe al equivalente de cien a quinientas unidades de medida y actualización y suspensión de derechos para conducir vehículos de motor o maquinaría similar hasta por un término igual al de la pena de prisión impuesta”.
Por su parte, Guerrero considera de seis meses a tres años de prisión; Jalisco de tres meses a dos años; Nayarit impone de uno a tres años de cárcel; Querétaro de seis meses a tres años; Quintana Roo de seis meses a un año, etcétera, cada entidad federativa endurece aún más las penas cuando se trata de conductores de transporte escolar o público.
En cuanto a la iniciativa presentada en Guanajuato y que se encuentra en análisis contempla castigar con prisión de 6 meses a un año a quienes manejen bajo el influjo del alcohol o algún enervante o droga; dicha propuesta fue enviada por el Ayuntamiento leonés, y queda aún por debajo de las sanciones de otras entidades federativas donde la sanción llega hasta los 3 años de cárcel.
El argumento de las autoridades leonesas, se sustenta en la necesidad de buscar resultados para salvaguardar la vida de los propios conductores y terceras personas que a veces van cruzando la calle, circulando en moto, bicicleta o en algún otro vehículo y que son víctimas de lesiones o llegan a perder la vida.
PCQG