La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Gobierno del Estado de Guanajuato la suspensión provisional a fin de que no se apliquen todos los efectos y consecuencias de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la SENER, acción que protege 14 proyectos importantes para la región en materia de energías limpias.
Dicha inversión supone un total de mil 300 millones de dólares en proyectos como parques eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos de acuerdo a datos proporcionados a MILENIO por la la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable.
La suspensión es hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, tiene por objeto prevenir cualquier daño que pudiera ocasionarse al estado de Guanajuato y a la sociedad en general, así como impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o que continúen realizando sus efectos, la suspensión vincula a todas las autoridades en el ámbito de su competencia por lo que deberán abstenerse de materializar el acuerdo impugnado hasta en tanto se emita sentencia.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla destacó que uno de los pilares estratégicos más importantes en materia ambiental para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es fomentar el uso de energías renovables.
Ante esto, con esta resolución manifestó “se estarían protegiendo proyectos de energía limpias, principalmente de sistemas fotovoltaicos, hidroeléctrico y ecólico con una capacidad de 829 MW; así como la protección de 3 proyectos fotovoltaicos en operación en los municipios de San Luis de la Paz y San Miguel de Allende, los cuales generan 295 MW” señaló la funcionaria.
Ortiz mantilla precisó que el Gobierno del Estado de Guanajuato rechaza, categóricamente, cualquier intento por impedir la generación de energía eléctrica a través de energías limpias; por ello, el pasado 11 de septiembre del 2020, Guanajuato interpuso una Controversia Constitucional contra el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado por la Secretaría de Energía, el pasado 15 de mayo del 2020, el cual atenta de manera directa contra lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en artículo cuarto.
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Dicho acuerdo utiliza como excusa la actual emergencia sanitaria para imponer medidas innecesarias y discrecionales que impiden avanzar hacia el uso de energías limpias, además de poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales que pretenden la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la descarbonización de la matriz energética.
“Desde Guanajuato, seguiremos impulsando adecuadas políticas de promoción para diversificar las fuentes de suministro energético y asegurar energía asequible y no contaminante tal como lo refiere el objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).”