Los legisladores del Congreso local aprobaron la recomendación sobre los montos máximos de remuneraciones de los integrantes de cada uno de los 46 Ayuntamientos de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020.
A través de un comunicado de prensa, la LXIV Legislatura informó que para determinar los sueldos de alcaldes y alcaldesas, síndicos y regidores, se realizaron cálculos con base en principios de racionalidad, austeridad, disciplina del gasto público y situación socio económica de los respectivos municipios.
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En este sentido, invitan a los integrantes de los ayuntamientos a seguir anteponiendo y privilegiando los intereses colectivos sobre sus legítimos derechos.
Por lo anterior, Héctor López Santillana, presidente municipal de León, fue el funcionario municipal con el monto más alto emitido en dicha recomendación, con un salario bruto mensual de 151 mil 532 pesos con 11 centavos.
Le siguen la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua y su homólogo de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, con una percepción mensual de 141 mil 429 pesos y 97 centavos.
Beatriz Hernández, primer edil de Salamanca y Luis Alberto Villareal García, de San Miguel de Allende, no podrían ganar más de 121 mil 225 mil pesos al mes si se apegan a dicha recomendación
Los alcaldes de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro y Silao de la Victoria, Antonio Trejo, se les fijó una remuneración bruta de manera mensual no superior a los 111 mil 123 pesos con 55 centavos.
Los alcaldes a quienes se les fijó un tope máximo por 45 mil 459 pesos por concepto de remuneraciones fueron: Atarjea, Coroneo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión, Santa Catarina, Santiago Maravatío y Tierra Blanca.
Las bases estadísticas de cada factor se tomaron de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y por la Auditoría Superior del Estado, según el factor.
En el documento se señala que el acuerdo aprobado es en cumplimiento del mandato de la ley, por tanto, no resulta de una pretensión arbitraria o discrecional del Congreso.
El Congreso del Estado refrenda su pleno respeto y reconocimiento a los municipios en el ejercicio de sus potestades en materia presupuestaria, y bajo ninguna circunstancia se asumirá en la hoy exclusiva competencia municipal, ni mucho menos impondrá cargas o directrices al gasto público, más allá de lo que le faculte la ley.
“En lo que constituye un exhorto a los ayuntamientos de la entidad, las y los legisladores expresan su convicción de que las administraciones municipales implementarán políticas internas de racionalidad y austeridad del gasto público, orientando en mayor medida su aplicación a la prestación de los servicios públicos, y de que el próximo año desarrollarán su gestión con una visión social, superando prácticas que pudiesen lesionar a los gobernados”, se lee en la misiva.