La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Guerrero que en su próximo periodo ordinario legisle para que establezca los parámetros que deberán regir entre los servidores públicos de la entidad, para que nadie tenga un salario mayor a su superior jerárquico, ni al de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo anterior, derivó de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la cual buscó que se invalidaran diversos artículos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos locales.
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No todos los artículos serán invalidados
La mayoría de los ministros coincidieron, tal y como ocurrió en su momento con el Congreso de la Unión, que el Poder Legislativo local ha sido omiso en el tema.
Sin embargo, los artículos 6, 7 y 8 de la citada ley local no pudieron ser invalidados porque se registró una votación de seis contra cuatro y se necesitaba una mayoría calificada de ocho votos.
Los togados señalaron que existe una omisión legislativa en los citados artículos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos y su presupuestación, pues no contienen criterios técnicos y objetivos para establecer dichas remuneraciones, lo que va en contra de lo previsto por el artículo 127 de la Constitución Federal.
“Coincido en que las normas impugnadas no regulan suficientemente la asignación de las remuneraciones para garantizar que sean proporcionales a las responsabilidades asignadas y que cumplan con los principios de austeridad y racionalidad aplicables a los salarios públicos”, señaló la ministra Loretta Ortiz Ahfl.
Lenia Batres acusa atraso en decisión
A su vez, la ministra Lenia Batres Guadarrama acusó a la Corte de que sus decisiones han impedido a los Poderes Legislativos de los estados resolver este tema.
“La Suprema Corte no sólo ha legitimado un fraude a la Constitución, sino que se ha vuelto, incluso, garante de la inconstitucionalidad, pues en vez de facilitar el cumplimiento del texto constitucional ha invalidado los intentos de los Poderes Legislativos que sí han pretendido cumplirlo”.
“De 2010 a la fecha se han presentado dos acciones de inconstitucionalidad y 20 controversias constitucionales relacionadas con el tema, cuyas resoluciones en algunos casos, tiene o implican suspensiones que aún se encuentran vigentes, que permiten a las personas servidoras públicas rebasar el límite constitucional de las remuneraciones”, manifestó.
Sesión del lunes 20 de enero
La llamada “ministra del pueblo” dijo que han pasado 15 años desde que se publicó el artículo 127, fracción II, que establece el límite constitucional para las remuneraciones de las personas servidoras públicas.
“¿Hasta cuándo, pregunto yo a esta Corte, se piensa seguir permitiendo su incumplimiento? ¿Cuándo va a dejar la Corte de ser garante de esta impunidad que es ofensiva para el pueblo de México? La apropiación de los recursos públicos para pagar sueldos de las y los funcionarios es una inmoralidad en un país que, como México, adolece aún de pobreza y pobreza extrema y tiene enormes brechas de desigualdad”, comentó.
RM