Hallan desvíos en contratos de cinco puertos del país

Inspección. La Función Pública revela que también se dieron de forma irregular concesiones de playas.

Anomalías en servicios portuarios. (Javier Ríos)
Rafael Montes
Ciudad de México /

La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó probables actos de corrupción en la firma de contratos y convenios a cargo de las administraciones de los puertos de Manzanillo, Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Dos Bocas, y encontró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó de manera irregular concesiones de playas.

Estos hallazgos forman parte de los resultados reportados en el primer Informe de labores de la SFP, difundido con motivo del primer Informe de gobierno respecto de siete auditorías financieras y de cumplimiento aplicadas a diferentes procedimientos, que fueron concluidas en mayo de 2019.

En las auditorías correspondientes al cumplimiento de cesión parcial de derechos para la prestación de servicios portuarios, se revisó a las Administraciones Portuarias Integrales (API) de Manzanillo, Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Dos Bocas, en el periodo del 1 de enero 2018 al 28 de febrero 2019.

Ahí, se encontraron irregularidades en los procesos de contratación de cesión parcial de derechos de servicios portuarios y en la suscripción de convenios de prórroga y en el cumplimiento de éstos.

Los servicios portuarios son los que se proporcionan en puertos, terminales, marinas e instalaciones para atender a las embarcaciones, así como para la transferencia de carga y transbordo de personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de transporte.

En el caso del otorgamiento de los contratos, en nueve de los 13 instrumentos revisados no se acreditó la evidencia de la autorización de las adjudicaciones ante el Consejo de Administración, previo a la suscripción del contrato.

En tres de 10 convenios existieron irregularidades para comprobar el dictamen de procedencia de la prórroga.

En cuanto a acreditación de las condiciones contractuales, se constató que en cinco de los 13 contratos no se presentó evidencia de las pólizas en el plazo fijado y no hubo evidencia de la aplicación de sanciones correspondientes por 3.2 millones de pesos.

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