En la conferencia del Gabinete de Seguridad, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dijo que el envío de los 29 narcotraficantes a Estados Unidos fue un acto de justicia y de autoridad del gobierno de México, debido a todo el daño que hicieron a nuestro país, además de que contaban con información de que algunas de estas personas podían ser liberadas o atrasar sus procesos, derivado de acuerdos con jueces federales.
Harfuch recordó que las 29 personas entregadas a Estados Unidos se encontraban recluidas en 9 centros penitenciarios federales y 2 locales, y contaban con diversas investigaciones por delitos de alto impacto como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, trafico de armas en México, secuestro, entre otros delitos.
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La entrega se realizó porque "considerando las actividades que realizaban, representan una amenaza a México y EU. (...) Es un acto de justicia y es un acto de autoridad del gobierno de México. Es un acto de autoridad que no tiene precedentes resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del gabinete de seguridad", señaló Harfuch.
Así mismo, Harfuch dijo que en esta acción participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Sedena, Marina Guardia Nacional, Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia y FGR, y desde las instalaciones militares de Santa Lucia, 8 aeronaves, 5 de la Sedena y 3 de la Semar.
Algunos de los enviados eran requeridos desde hace 40 años y otros desde hace 11 años. Los 29 implicados fueron trasladados a diversos penales estadunidenses, de la siguiente manera:
- 7 a Washington D.C (IAD) (Defensa)
- 2 a White Plains, NY (HPN) (GN)
- 2 a Chicago, IL (ORD) (Defensa)
- 3 a Houston, TX (IAH) (Semar)
- 4 a McKinney, TX (TMI) (Semar)
- 2 a New York (JFK) (Semar)
- 6 a Phoenix, AZ (PHX) (Defensa)
- 3 a San Antonio, TX (SAT) (Ddefensa)
Estas, "acciones de custodio y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos", señaló Harfuch.
Riesgo de liberación
El secretario de Seguridad expresó que "existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”.
Indicó que los narcotraficantes estaban involucrados en delito de extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia a través de las organizaciones criminales a las que pertenecían.
Traslado, decisión de Gabinete de Seguridad
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que el envío de los narcos se basó en una solicitud presentada por los norteamericanos horas antes de darse la instrucción de enviarlos; garantizó que los delincuentes no pueden ser sometidos a la pena de muerte, debido a convenios entre ambas naciones.
En este punto Harfuch dejó claro que la decisión de entrega corrió a cargo del Gabinete de Seguridad y en esta acción no intervino la presidenta Claudia Sheinbaum.
"Es una decisión colegiada del gabinete que se tomó en ese momento donde no tienen nada que ver la Presidenta. El gabinete lo coordina Seguridad, Sedena, Semar, FGR y ahí es donde se toma la decisión con voto colegiado. Quisiera mencionar que con este traslado de estos 29, los más beneficiados somos los mexicanos. Esa es la razón por la que hizo y por supuesto beneficia a los dos países. Teníamos información de posibles liberaciones, como el caso de la detención de José “N” alias el Güerito, detenido la semana pasada, y esa es también una de las razones", sostuvo.
Seguridad Nacional
A su vez el fiscal Gertz Manero señaló que la Ley de Seguridad Nacional contempla este tipo de acciones para enviar a delincuentes a otro país.
“El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional establece cuáles son las condiciones en las que, por seguridad de nuestro país y de conformidad en este caso, se atiende una solicitud debidamente fundada del gobierno en los Estados Unidos. Es como se hizo esto, sobre la base más estricta de esa ley federal que tiene 20 años de vigencia”.
CHZ