Ante el señalamiento de cuatro empresas, a nombre de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que están siendo señaladas dentro de la investigación por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos, la cúpula empresarial hidalguense pidió a las autoridades correspondientes a verter pruebas fehacientes para tal acusación.
Refirió que, en caso de que la investigación ofreciera datos contundentes para probar la participación de éstas en el caso que enfrenta el imputado se de proceso y se llegue hasta las últimas consecuencias.
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“Mientras no haya pruebas claras, suficientes y verídicas para poder hacer las acusaciones de tal grado, le pediría a la autoridad que todo lo siguiera haciendo con el sigilo que la ley tiene para hacer sus investigaciones".
“Este tema del patronato se dio hace un año y que se mantuvo callado durante este tiempo, por lo que espero que recabaron la información suficiente para que las autoridades pudieran hacer una acusación de frente y directa, y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, señaló Édgar Espínola Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH).
Confesó que, por desgracia, dentro de la cúpula empresarial “hay pseudoempresarios”, que son los que manchan la legitimidad y trabajo apegado a la ley de la mayoría de las empresas, sin embargo, admitió que sí se dan las que trabajan bajo la ilegalidad.
“No quiere decir que el sector empresarial no esté permeado por pseudo empresarios, mercenarios del recurso para enriquecerse y violar la ley, que se enriquecen más rápidamente".
“Desde el sector empresarial, sin arrojar la primera piedra, decimos que el 99.5 por ciento de los empresarios trabajamos conforme marca la ley, los lineamientos y los requisitos fiscales para seguir trabajando y sobreviviendo”, refirió.
Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, también coincidió en que la autoridad debe probar “si realmente estas empresas cometieron algunas acciones irregulares y de estar en ese supuesto y de una vez que se les demuestre, apegarse a la ley y hacerse responsable de los actos en los que incurrieron.
“Es importante que se esté comprobando que se haya llevado a cabo prácticas fuera de la ley, porque muchas ves ha sucedido eso, se hacen señalamientos pero al final del día no terminan donde debe ser que es con las autoridades y en las instituciones competentes para que no sean únicamente señaladas, sino que sean responsables de los actos que cometieron.
“A nivel estatal y federal las empresas debemos ser responsables de nuestros actos y conducirnos con ética y responsabilidad, pero lamentable existen empresas que están llevando este tipo de prácticas”, concluyó Rivera Barquín.