El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dijo que ha habido avances significativos en el combate para erradicar la tortura en el país, pero reconoció que aún falta mucho por hacer.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio, el funcionario federal reclamó a la Fiscalía General de la República no tener el programa para prevenir este delito.
Explicó que, ante dicha falta, la Segob creó la Estrategia Nacional Contra la Tortura, la cual presentó hoy.
"Esta acción del Estado debe erradicar esta practica y demostrar que en este gobierno no se tortura a absolutamente a nadie. Hemos logrado avances muy significativos, pero nos falta todavía mucho por hacer".
"Estamos conscientes de que el programa correspondiente a la prevención y erradicación de la tortura le corresponde elaborarlo, publicarlo e implementarlo a la Fiscalía General de la República, se ha avanzado con ellos, hemos venido trabajando, pero lamentablemente este programa todavía no está listo y no se ha publicado", recriminó.
Agregó que en el programa se ha buscado cristalizar acciones específicas de 18 instituciones públicas del gobierno federal
"Se trata de un esfuerzo interinstitucional muy importante que parte del principio del fenómeno de la tortura requiere de una acción enérgica, coordinada, integral y transversal de las instituciones del Estado mexicano para erradicarla. Lamentablemente, durante muchas décadas, la tortura se convirtió en una práctica cotidiana, mucho en el ámbito de las instituciones públicas, particularmente en los cuerpos de seguridad de primer contacto con la población", alertó.
En ese sentido, detalló que los cuerpos policiacos que tienen mayor número de denuncias por tortura son los de nivel municipal, sin embargo, aceptó que eso no exime a la autoridad federal de implementar acciones para contrarrestar ese delito.
La estrategia consta de varios ejes como capacitación, difusión, campañas y la reparación del daño. Dentro de estos se prevén 66 acciones como la protección servidores públicos que denuncien a quienes cometen tortura, la atención y cumplimiento de las quejas y recomendaciones de organismos públicos de derechos humanos en materia de tortura; campañas de sensibilización a los funcionarios, cero tolerancia a actos de tortura; la utilización de medios electrónicos para monitorear las detenciones y los traslados a fin de evitar la tortura, entre otros.
ROA