El ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón dejó a la actual administración una demanda por 75 millones de pesos producto de su decisión de cancelar el acueducto Monterrey VI.
El consorcio Aquos Promotora de Infraestructura, SAPI de CV, exige desde 2018 a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey el pago de esa cantidad como indemnización por daño moral, pago de gastos y costas por la cancelación del contrato que se celebró para la ejecución del proyecto hidráulico.
No obstante, la administración pasada mantuvo en silencio esta demanda y no fue sino hasta la revisión de la cuenta pública de 2018 que la Auditoría Superior del Estado tuvo conocimiento del proceso legal.
MILENIO revisó el documento remitido el pasado el 26 de febrero de 2021 al Congreso del Estado, en el que se da a conocer la exigencia de indemnización del consorcio creado por las empresas mexicanas Concretos y Obra Civil del Pacífico (filial de Grupo Higa), Controladora de Operaciones de Infraestructura (filial de ICA), Desarrollos Rogar, Recsa Construcción, y Productos y Estructura de Concreto.
El consorcio obtuvo el fallo a su favor para construir el acueducto cancelado en abril de 2017 por el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
"En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 (Fracción I, inciso F), 47, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, a continuación se describen los pasivos contingentes revelados en la Nota 27 por la Institución al 31 de diciembre de 2018:
"I. La Compañía Aquos Promotora de Infraestructura, SAPI de CV, correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la Institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI; sin embargo, dicha obra fue suspendida, por lo tanto, la demandante le exige a la Institución el pago de 75 millones de pesos como indemnización por daño moral, pago de gastos y costas", establece la cuenta pública.
Según la administración de Agua y Drenaje, en conjunto con sus asesores legales, consideran en el documento que existen elementos suficientes para que el resultado de esta demanda sea favorable a la paraestatal, por lo tanto, y de acuerdo con el marco normativo emitido por los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas (Conac), no existen elementos para registrar una provisión en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
"A la fecha de emisión de los estados financieros, la institución (AyD) tiene en proceso algunas demandas por daños y perjuicios, la más importante se describe a continuación: I. La Compañía Aquos Promotora de Infraestructura, SAPI de CV, correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la Institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI", indica la revisión de la cuenta pública.
Consultados sobre esta demanda, ni el gobierno del estado ni Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey accedieron a dar información al respecto.
Tampoco Glen Villarreal, titular de Comunicación Social del gobierno estatal, ni Alejandro Silva, jefe de prensa del Ejecutivo, atendieron la petición de entrevista o información, pese a que se insistió para poder tener una entrevista con la Consejería Jurídica.