En seis de los 12 Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad viven 18 menores de edad, seis niños y 12 niñas, a lado de sus madres, de acuerdo con el Informe Especial del Sistema Penitenciario y Barandilla 2021, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
El Informe señala que las niñas y niños son menores de uno y dos años de edad quienes se encuentran a lado de sus mamás en los penales de Actopan, Huasteca, Molango, Pachuca, Tula y Tulancingo.
Así, al corte de noviembre de 2021, en el Cereso de Actopan hay un niño menor de un año; en la Huasteca un niño de un año; en Molango un niño de un año; en Pachuca tres niñas menores de un año, un niño menor de un año, tres niñas menores de un año y cuatro niñas de dos años; en Tula un niño de un año, una niña de un año y una niña de dos años; y en Tulancingo un niño menor de un año.
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las mujeres privadas de su libertad tienen derecho a la maternidad y la lactancia y que las hijas e hijos que nacieron durante su internamiento podrán permanecer a su lado dentro del Centro Penitenciario durante la etapa postnatal y de lactancia o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad.
El pasado 5 de abril la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Rodríguez Hernández, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la cual busca dar atención a los menores de edad que viven con sus madres en prisión.
A través de la reforma se plantea que las autoridades de los establecimientos penitenciarios garantizarán el pleno respeto y protección de los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión, con la implementación de acciones que permitan y fomenten el crecimiento y desarrollo integral de las niñas y niños.
Además las niñas y los niños que sean hijas e hijos de mujeres en situación de reclusión, recibirán una alimentación saludable, educación, vestimenta y atención médica, atendiendo el interés superior de la niñez.
En tanto, los establecimientos penitenciarios deberán contar con espacios físicos que permitan las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo y crecimiento de niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión.
La reforma también propone que se adecúe el término guardia o custodia por el de guarda o custodia además de que el centro de readaptación social sea llamado establecimiento penitenciario de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa fue turnada por el entonces presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, José Noé Hernández Bravo, a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo correspondiente.