Para este año el combate a la corrupción en Hidalgo cuenta con un recurso, etiquetado por los diputados locales, de 44 millones 420 mil 413 pesos entre el gobierno del estado a través de la Secretaría de Contraloría a la cual se le asignaron más de 23 millones de pesos por encima de la Fiscalía Anticorrupción así como una cantidad menor al Sistema Estatal Anticorrupción.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, la Dirección General de Combate a la Corrupción, de la Secretaría de Contraloría, tiene un recurso de 18 millones 946 mil 268 pesos.
En tanto, a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se destinaron 15 millones 64 mil 616 pesos.
Los legisladores destinaron a la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción solo cinco millones 988 mil 256 pesos y cuatro millones 421 mil 273 pesos a la Dirección General de Políticas de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Contraloría.
La Dirección General de Combate a la Corrupción y la Dirección General de Políticas de Transparencia y Anticorrupción, ambas de la Secretaría de Contraloría del gobierno del estado de la que es titular Álvaro Bardales Ramírez, suman 23 millones 367 mil 541 pesos, recurso que es superior a los 15 millones 64 mil 616 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción la cual está dedicada específicamente al combate del delito.
La Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo establece que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa con facultades para investigar, combatir y prevenir los hechos que la ley señale como delitos de corrupción.
Gobierno busca erradicar la corrupción
El Presupuesto de Egresos 2023 señala que el gobierno del estado, encabezado por Julio Menchaca Salazar, tiene entre sus principales objetivos erradicar la corrupción y la impunidad.
De acuerdo con el documento para la administración del mandatario estatal el combate a la corrupción representa un eje fundamental en el proyecto de estado mismo que impulsa el gobierno federal.
Puntualiza que la Política Estatal Anticorrupción se enfocará en dar solución a un problema en concreto: la incapacidad que se ha tenido tanto desde el estado como desde la sociedad para controlar la corrupción, esto es, prevenirla, investigarla y sancionarla.
Lo anterior con el objetivo de asegurar la coordinación de acciones de todos los entes públicos y el involucramiento de los distintos sectores de la sociedad, con la finalidad de asegurar un control efectivo de las distintas manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno.
En materia de Contraloría el documento precisa que parte del presupuesto para 2023 se ejercerá en la estrategia estatal para combatir la corrupción y la impunidad en el estado de Hidalgo, por lo que el gobierno vigilará la correcta aplicación de los recursos públicos que son destinados al beneficio del pueblo.
Además, añade, se instrumentarán directrices generales a los Órganos Internos de Control y Vigilancia que permitan integrar un análisis de riesgos de corrupción y opacidad en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, a su vez se supervisarán los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios así como de obra pública y servicios relacionados con las mismas.