De las cuatro mil 468 personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) mil 685, quienes se encuentran procesadas, podrán votar en las elecciones de gobernador del estado en 2022.
Esto tras la reforma al Código Electoral aprobada el pasado 13 de mayo por los diputados locales, la cual establece que la ciudadana o el ciudadano que esté privada o privado de la libertad y no le hayan dictado sentencia condenatoria podrá votar en los procesos electorales y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana organizados en el estado de Hidalgo.
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La reforma fue aprobada con 24 votos a favor, sin embargo los artículos transitorios establecen que el Decreto entrará en vigor concluidos los procesos electorales del año 2020-2021 previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), es decir que las personas privadas de su libertad que estén procesadas no podrán votar en las elecciones de diputados locales y federales del próximo 6 de junio sino que ejercerán su derecho al voto hasta el siguiente proceso electoral del 2022.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna Islas, quien impulsó la iniciativa en el Congreso del estado, confirmó que las personas privadas de su libertad que estén procesadas podrán votar en las elecciones de gobernador del estado el próximo año.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) de los 12 penales y el Centro de Internamiento para Adolescentes en el estado cuatro mil 468 personas se encuentran privadas de su libertad, de las cuales dos mil 783 ya fueron sentenciadas y mil 685 están procesadas por algún delito.
En los Ceresos hay dos mil 445 hombres y 194 mujeres sentenciadas por algún delito del fuero común además de 136 hombres y ocho mujeres sentenciadas por delitos federales.
En tanto por delitos del fuero común están procesados mil 420 hombres y 111 mujeres lo que suma un total de mil 531 personas; por delitos del fuero federal hay 137 hombres y 17 mujeres procesadas los cuales suman 154.
En su iniciativa la diputada Claudia Lilia Luna argumentó que como parte de los derechos humanos y fundamentales de las personas privadas de la libertad hasta que no hayan sido sentenciadas condenatoriamente tienen derecho al sufragio efectivo.
Puntualizó que las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios y de Tratamientos o Internamientos mexicanos gozan de todos los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.
Apuntó que se debe garantizar el respeto a la dignidad de las personas que se encuentran en reclusión en las mismas condiciones que se aplican a las personas que se encuentran en libertad, garantía que dijo, debe aplicarse sin distinción de ningún tipo como lo son por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición en materia de denigración.