Durante los seis años de la administración del gobernador Omar Fayad Meneses se instalaron en Hidalgo 102 nuevas empresas de seguridad privada tras pasar de 35 en septiembre de 2016 a 137 en agosto de 2022.
Víctor Alejandro Aguilar Martínez, director general de la Unidad de Registro y Supervisión de Seguridad Privada, de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), señaló que las 137 empresas tienen la autorización expedida por la Secretaría.
La Ley de Seguridad Privada para el Estado de Hidalgo, establece que es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, controlar, supervisar y vigilar que las actividades y prestación de servicios de seguridad privada se lleven a cabo con apego a la normatividad aplicable en la materia.
Señala que la Secretaría de Seguridad tiene la facultad de otorgar la autorización, revalidación, suspensión y cancelación de la misma de los servicios de seguridad privada así como aplicar las sanciones correspondientes.
Aguilar Martínez precisó que las empresas de seguridad privada instaladas en Hidalgo dan servicios de: seguridad y protección personal, vigilancia y protección de bienes, custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores y servicios de alarmas y de monitoreo electrónico.
Agregó prestan sus servicios a fraccionamientos, establecimientos comerciales, instituciones bancarias, hospitales, entre otros, principalmente en los municipios de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Tulancingo de Bravo, Tizayuca, Zempoala, Tepeji del Rio, Tepeapulco, Huejutla de Reyes, Atitalaquia y Tula de Allende.
Mencionó que de las 137 empresas de seguridad, diez cuentan con el permiso de portación de armas expedido por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para el servicio que ofrecen.
Para la autorización de la operación de las empresas, la Ley establece, entre otros requisitos, exhibir copia certificada, en su caso, del permiso expedido por autoridad competente para la instalación y operación del equipo de radiocomunicación y uso de la frecuencia respectiva y permiso para la portación de armas; y licencia de portación de armas de fuego y registro de éstas.
De acuerdo con Víctor Aguilar 162 empresas han sido apercibidas, es decir, requeridas para su regularización, de las cuales dijo, algunas ya obtuvieron su permiso correspondiente, otras se encuentran en trámite, se retiraron del estado, fueron removidas por sus usuarios al enterarse su ilegal proceder y de la situación de riesgo en la que los servicios no autorizados les coloca o bien dejaron de prestar servicios por no poder reunir la totalidad de los requisitos.
Precisó que entre los requisitos que deben de cumplir están: presentar y acreditar las evaluaciones de control de confianza, exhibir póliza de fianza, acreditar el cumplimiento de obligaciones fiscales administrativas y patronales y realizar el pago de derechos de conformidad con la normatividad vigente y aplicable.
De igual modo, mencionó que 47 empresas causaron baja por expirar la vigencia de su autorización y apuntó que desde la Unidad se han realizado dos mil 610 supervisiones con el propósito tanto de identificar la prestación irregular de estos servicios como de comprobar la existencia del equipamiento que manifestaron y que les haya sido autorizado.
“Que la calidad y condiciones en las que prestan sus servicios sea de conformidad con la normatividad, con los términos de la autorización emitida a su favor, misma que tendrá una vigencia anual, no se permitirá la prestación de servicios de esta naturaleza fuera del marco legal en pro de la seguridad y evitar la competencia desleal”, agregó.
Comentó que se han impuesto un total de 116 multas de carácter económico a las empresas a fin de sancionar las acciones u omisiones que contravengan la Ley de la materia.
“Estas multas han sido por prestar servicios de seguridad privada sin autorización, o habiéndola obtenido presten sus servicios sin atender a los dispuesto por la Ley, esto permite garantizar a los usuarios de los servicios de seguridad privada y a la población en general que en la prestación de los mismos no encontrará personal improvisado ni asumirá riesgos innecesarios en la selección de la empresa que quiera contratar”, sostuvo.
Enfatizó que como parte del control de las empresas de seguridad privada se ha impulsado el Registro de los servicios de seguridad privada y del personal con lo que se tiene un registro de dos mil 897 elementos, lo que permite, añadió, contar con un historial actualizado de las personas físicas y morales que desarrollan dicha actividad así como su comportamiento ante las autoridades y los usuarios de sus servicios, al tiempo de lograr su identificación.