Sin recursos para aplicar política anticorrupción, ni ley que protege a denunciantes

Pocas acciones. En este año se etiquetaron cerca de 6 millones de pesos para operar el Consejo de Participación Ciudadana del sistema estatal en materia, sin embargo, según su titular, “son limitados”

Congreso del Estado aprueba la Política Estatal Anticorrupción, pero falta recursos para que opere. (Jorge Sánchez)
Alejandro Reyes
Pachuca /

A un año de la aprobación de la Política Estatal Anticorrupción se requiere de cinco millones de pesos para su implementación y el equipo para incorporarse a la Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción.

Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH), señaló que los cinco millones 942 mil 805 pesos que se etiquetaron este año desde el Congreso del estado a la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción son limitados.

“Realmente este presupuesto nos cubre la parte del organismo público descentralizado que es la Secretaría Técnica la cual es el brazo ejecutor de los acuerdos y el pago de quienes integramos el Comité de Participación Ciudadana, entonces en esa parte tenemos un presupuesto pues muy básico, sí limitado”, sostuvo.


El 27 de abril de 2021 se aprobó la Política Estatal Anticorrupción, la cual de acuerdo con el SEAH está integrada por cuatro ejes, nueve objetivos y 41 prioridades alineadas a la Política Nacional Anticorrupción y deriva de un proceso de contextualización del fenómeno de la corrupción en Hidalgo, resultado de un ejercicio de sistematización y análisis de información estatal, nacional e internacional y datos obtenidos a través de un proceso de consulta pública que permitió recabar información sobre la visión de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos tanto estatales, como municipales y académicos, empresarios y otros actores interesados tienen con respecto al problema de la corrupción y se compone por ocho capítulos y ocho anexos.

“La política estatal anticorrupción es nuestro eje rector para que el Sistema Estatal Anticorrupción realice sus actividades, la misma política nos da temporalidades porque nos da prioridades de corto plazo, mediano plazo y de largo plazo; corto plazo de cero a tres años, mediano plazo de tres a seis años y largo plazo de seis años en adelante, ahorita tenemos que enfocarnos a aquellas prioridades que están clasificadas en el corto plazo”, explicó Angélica Rodríguez.

Apuntó que el reto, una vez aprobada la Política Estatal Anticorrupción en abril de 2021, es pasar a la implementación y ésta reconoció “es un reto enorme”. Se cumplió ya un año de su aprobación.

-¿Qué se ha hecho en un año que ya se tiene la política anticorrupción?

-A partir de abril de 2021 se empiezan mesas de trabajo con los enlaces del Comité Coordinador, se empiezan también mesas de trabajo con los contralores municipales y esta actividad va muy enfocada a la Comisión Ejecutiva y ahí se están desarrollando las propuestas para los programas de implementación porque tenemos que llevar programas de implementación para cada una de las 41 prioridades.

-¿Qué porcentaje de avance lleva la implementación de la política?

-Estamos proyectando que para este año ya queden perfectamente definidos los programas de implementación. Nos estamos enfocando a las prioridades de corto plazo. Ahorita es muy difícil hablar de la implementación porque apenas estamos estructurando la metodología, los programas y a partir de ahí ya entonces podríamos estar hablando, yo espero a finales de este año, que ya tengamos programas, se está proyectando que para septiembre, diciembre, ya se tengan el programa aprobado.

Respecto a cuáles son los problemas que enfrenta actualmente el Sistema Estatal Anticorrupción, reconoció que una de sus restricciones es el presupuesto básico que tienen para este año.

-¿Qué es lo que hace falta todavía atender con el presupuesto?

-Yo creo que ahorita dentro de los grandes aspectos para lo que sí demandamos y necesitamos recursos es uno: justamente la implementación de la política estatal anticorrupción y dos: la plataforma digital nacional, nosotros como sistema tenemos la obligación de integrarnos a la plataforma digital nacional sin embargo es alimentarla con la información que se genera de todas las instituciones de Hidalgo tanto a nivel estatal como municipal eso finalmente nos requiere un recurso mínimo para tener un servidor, mínimo para tener dos elementos que tengan el perfil informático para poder llevar a cabo esta actividad.

-¿No se han cumplido con la implementación de la política y tener el servidor?

-Ahora sí que andamos haciendo magia y maravillas.

Rodríguez Pérez añadió que para el 2023 el Sistema Estatal Anticorrupción requiere de un presupuesto, desde el Congreso del estado, superior a los 10 millones de pesos para la implementación de la política y el servidor que alimente la Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción con la información de Hidalgo.

Protección a denunciantes

Aprobada el 31 marzo de 2021 por los diputados de la LXIV legislatura, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el 19 de abril del mismo año y a cinco meses de haber entrado en vigor, Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción no solo carece del Reglamento sino también de recursos para su operación.

La Ley, impulsada por el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, entró en vigor, de acuerdo con los artículos transitorios del Decreto número 700, a parir del 1 de enero de 2022, previo a que se consideraran los recursos dentro del Presupuesto de Egresos correspondiente, es decir, el del ejercicio fiscal 2022 el cual le correspondió a los diputados de la LXV legislatura.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, Jesús Osiris Leines Medécigo, señaló que no hubo ningún planteamiento en la Comisión por parte de los diputados Julio Manuel Valera Piedras ni de José Antonio Hernández Vera, integrantes de la Comisión quienes ya habían estado en la LXV legislatura, sobre la existencia de la Ley para etiquetarle recursos ni tampoco una directriz al respecto desde el presidente de la Junta de Gobierno de ese entonces, el ex coordinador de la bancada de Morena, Francisco Xavier Berganza Escorza.

“Nosotros entramos en septiembre, el proceso fue algo nuevo para todos los diputados, yo creo que no se aprovechó la experiencia que tienen dos diputados que estuvieron en la legislatura pasada, se hubiera aprovechado es conocimiento”, argumentó legislador local.

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