El 27 de junio, Homero Zamorano, un estadunidense de 45 años, se colocó al frente del volante de un tráiler, cuya caja tenía 64 migrantes dentro. El hombre, con raíces latinas y la cultura chola corriendo por sus venas, estacionó el vehículo en un camino rural de San Antonio, bajo una temperatura de 40 grados a la sombra. Cincuenta y tres personas murieron y otras 11 luchan por su vida en hospitales locales.
En sus redes sociales, Zamorano luce como un galán. Portando un sombrero y haciendo un símbolo cholo con sus manos, sus fotografías de perfil atraen los comentarios de varias mujeres que lo chulean: “Te ves muy bien”, “Nene, respóndeme para platicar” y “Eres tan guapo e increíblemente ardiente”.
Hoy, el hommie corre el peligro de llegar al corredor de la muerte texano junto a su presunto operador financiero, Christian Martínez, de 28 años, ambos acusados de delitos relacionados con tráfico de migrantes.
La fiscalía y el Departamento de Seguridad Interna advirtieron que, de ser encontrados culpables, enfrentarán prisión de por vida o pena de muerte, consistente en la inyección letal.
En tragedias similares a la de San Antonio, todos los polleros que han incurrido en crímenes de abandono de indocumentados a la intemperie y algunos de ellos han muerto, ahora purgan sentencias de cadena perpetua y hay un caso pendiente, el cual puede tener un destino similar.
- Te recomendamos Migrantes muertos en Texas, ejemplo de sufrimiento creado por redes de trata: Salazar Política
La historia parece repetirse en 2003, 2017 y dos veces en 2022 con camiones repletos de migrantes que son encontrados bajo el inclemente calor texano, durante los “levantones” para ser trasladados a casas de seguridad o a los puntos finales de internación.
En la mejor de las suertes, los indocumentados son rescatados y hospitalizados por deshidratación o golpes de calor, e incluso lograr escapar. En la peor situación, mueren asfixiados sin poder hacer nada. Los conductores enfrentan una exhaustiva investigación y un castigo ejemplar por parte de las autoridades federales, principalmente el Departamento de Seguridad Interna y el Servicio de Migración y Control de Aduanas.
Generalmente se hace una acusación por cada uno de las decenas de migrantes que son transportadas a la vez y en condiciones de hacinamiento dentro de los tráileres.
Las autoridades siempre identifican a los indocumentados como víctimas y testigos, y a los conductores como victimarios, además de utilizar las sentencias como una forma para disuadir a otros traficantes de personas para no hacer lo mismo.
Los conductores, por su parte, generalmente acceden a cooperar dando su versión de los hechos, en la que aseguran que no estaban al tanto de que transportaban migrantes en sus cajas de tráiler. En los tres casos previos se ha logrado determinar que los conductores reciben pagos específicos de entre 800 y 5 mil 500 dólares por transportar a las personas.
Actualmente, Homero Zamorano enfrenta una acusación por transportar a migrantes ilegales resultante en muerte, con la posibilidad de ser condenado a prisión de por vida o pena de muerte.
La acusación es tan seria que las autoridades pidieron prisión preventiva por involucrar a víctimas menores de edad, por correrse el riesgo de que huya y porque el acusado representa una amenaza para la sociedad.