Tras concluirse el plazo de un mes solicitado para analizar las capturas de pantalla presentadas por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dará un nuevo informe sobre la fiabilidad de lo entregado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Hoy dará una conferencia de prensa después de pedir una prórroga para extender su participación en la investigación y analizar las capturas de pantalla presentadas por la comisión, a las cuales tuvieron acceso el 23 de septiembre pasado, apenas seis días antes de su último informe ante medios de comunicación.
“Nos comprometimos con los padres a presentar una pericia técnica sobre dicha información, sobre la fiabilidad o no de esas capturas de pantalla. Como en cualquier investigación, se tiene que analizar con toda la evidencia, no se puede tomar un aspecto y determinar sobre eso. Estamos en ese proceso y por eso hemos pedido un mes”, señaló Francisco Cox, integrante del GIEI, en entrevista con MILENIO Televisión el 29 de septiembre.
En su último informe, el GIEI dio a conocer que contaba con una versión distinta de los chats que intercambiaron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos sobre lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, a la presentada por la comisión.
Por lo anterior, pidieron la intervención de un perito, ya que los mensajes difieren con lo que ellos tienen sobre las intercepciones de comunicaciones con delincuentes en Chicago.
“El análisis del GIEI y las fotografías de la captura de pantalla presentadas en el informe de la comisión muestran dos modos diferentes en la comunicación, en la tecnología en las claves; analizaremos la información”, dijo Ángela Buitrago en conferencia de prensa.
Los investigadores también advirtieron el riesgo de que el ex procurador Jesús Murillo Karam no sea condenado por su participación en la llamada “verdad histórica”, ya que al consignar su caso ante un juez se dejó fuera material probatorio; además, señalaron que la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo puede retrasar la investigación hasta cinco años.
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