La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que se inició un proceso administrativo sancionador para revocarle el permiso de operación e imponerle una multa a laempresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV, contratada en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron 39 personas extranjeras.
En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, detalló que al recibir el expediente de esta empresa, se encontró que sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes; sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados del país.
Además, no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligada a rendir, no reportó altas o bajas del personal.
“Por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra, para revocarle el permiso e imponerle una multa económica”, dijo.
Las autoridades identificaron a David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet como los socios de la empresa, información que ya fue proporcionada a la FGR para las investigaciones que corresponden en su contra.
En tanto, se solicitó al INM rescindir el contrato con CAMSA por lo que a partir de mañana, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
CAMSA estaba registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC desde el 3 de septiembre de 2020 con una autorización vigente a febrero de 2024.
“Hasta hoy en la mañana me han informado que el SFP va a prestar el servicio en Chihuahua con 48 elementos, en el caso de otras subsidiarias u otros servicios que esta empresa pudiera haber tenido es parte de la investigación y lo vamos a hacer incluso con la UIF, la Procuraduría Fiscal y vamos a llegar a fondo”, dijo la funcionaria.
Sobre la posibilidad de hacer público el contrato del INM y la empresa CAMSA, la secretaria dijo que se entregará siempre y cuando no intervenga en las investigaciones; sin embargo, dijo desconocer por qué no está en las plataformas del gobierno.
“No tengo idea porque no soy del INM, deben ser públicos, habrá que ver qué otras irregularidades tiene esta empresa”, concluyó.
JLMR