El sistema electoral mexicano debe mantener su enfoque federalista, afirmó el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre.
“El federalismo electoral en nuestro país data aproximadamente de 1946, cuando dejamos atrás un modelo centralista que se propone reactivar con la desaparición de los institutos electorales y tribunales locales”.
Ello implicaría, dijo, un cambio profundo en la manera de organizar los procesos electorales en el México moderno, regresando a un modelo donde desde el centro del país se definía lo que pasaba en la vida democrática de las entidades federativas.
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Mencionó que la reforma propuesta por el Presidente de la República, no necesariamente implica ahorros sustanciales, pues de los 15 mil 103 millones solicitados por los 32 órganos electorales estatales (Oples) para 2023, $6 mil 259 millones es para financiamiento de partidos políticos.
Ramos Charre detalló que $2 mil 363 millones son para atender comicios locales y $6 mil 480 para gastos operativos. En lo particular, el Ietam solicitó 172 millones de pesos para su funcionamiento.
Sostiene que es erróneo decir que los gobernadores controlan los órganos electorales locales, pues se han dado alternancias desde 1989 hasta 2022 y como ejemplo citó las alternancias en Tamaulipas de 2016 y 2022. “Este año el 833% de las gubernaturas fueron ganadas por partidos distintos”. Estima que un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (Inec) que organice la totalidad de los procesos electorales no tendría la suficiente capacidad operativa, pues el sistema está diseñado para funcionar con un marco de competencias claras entre Federación y estados.
“¿Hasta dónde es deseable que, en un afán centralista, la definición de quién gana y quién pierde en un municipio se traslade a la Ciudad de México?, creemos justo mantener ese esquema de coexistencia de autoridades tanto federales como locales en el ámbito electoral”, cuestionó.
Juan José Ramos dijo que la reforma del Ejecutivo Federal es disruptiva porque la presentaa meses de que inicie el proceso electoral presidencial y porque no viene de los partidos políticos sino del poder presidencial.
Expuso que hubo foros para la discusión de la reforma electoral, donde participaron especialistas y sociedad civil, sin embargo, el dictamen aprobado en comisiones unidas solo plantea la propuesta del Presidente de la República.
“En nuestro país las reformas político electorales han sido producto del consenso de las fuerzas políticas, de no ser así estamos generando lo que a futuro será muy seguramente una crisis mayúscula de legitimidad y de gobernabilidad misma”.
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Aseveró que la propuesta presidencial no busca eliminar la representación proporcional en las cámaras sino por el contrario, ampliarla, es decir, reducir ambos órganos legislativos pero mediante candidatos de mayoría relativa por listas.
Añadió que al no contarse con la mayoría calificada, se perfila modificar normas secundarias como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Partidos Políticos, la Ley General de Medios de Impugnación, la Ley General de Institutos Electorales y la Ley General de Consulta Popular.
Puntualizó que el proceso electoral presidencial está a la vuelta de la esquina, por lo que habrá que estar muy pendientes de las reformas planteadas, pues no es posible echar por la borda la existencia del servicio profesional de carrera, que junto con el padrón electoral “es prácticamente la columna vertebral del Instituto Nacional Electoral”.
Ve riesgoso entregar dicho padrón a la Secretaría de Gobernación y posiblemente no todos los ciudadanos estén de acuerdo.
SJHN