En el mercado municipal de Iguala, General Adrián Castrejón, hay decenas de negocios cerrados. En algunos las telarañas dejan ver el paso del tiempo. Captar esa imágenes hace que los comerciantes observen desconfiados. La zozobra se apoderó de ellos.
Carnicerías, pollerías, cevicherías, tiendas de ropa y todo tipo de giros comerciales no se han podido librar del cobro de piso que impera en Iguala y que se suma a la larga lista de acechos como la inseguridad, provocada por la lucha entre grupos criminales que no cesa ni con el nuevo gobierno municipal, por el contrario.
Los tlacos y La bandera, dos grupos criminales que pelean el control de Iguala han provocado que en los últimos meses, el cobro de piso sea el delito que más aqueja a los habitantes.
Entre rondines de la Guardia Nacional que está a cargo de la vigilancia en las calles, Iguala y sus habitantes han sido testigos del asesinato de al menos 14 comerciantes tan solo en lo que va del año, por negarse a pagar a los criminales, mientras que la ciudad cumple siete años sin Policía Municipal.
Los montos producto del cobro de piso, llegan hasta los 60 mil pesos. Algunos han podido pagar, otros cerraron sus negocios o, de plano, sus cuerpos fueron encontrados a la vista de todos para dejar claro que quien no paga, no vive.
Pero el cobro de piso no sólo afecta a los comerciantes. Los habitantes también lo han resentido porque los precios se han incrementado.
"De alguna forma eso repercute en la economía de la gente, porque le suben de precio a sus productos. Tanto los carniceros, los zapateros, los que venden ropa, los del ceviche, los polleros, toda esa gente que les cobran piso, todos les aumentan el precio y esto del cobro de piso es una calamidad porque a la gente pobre no le alcanza el dinero”, relata Rogelio Mastache, integrante de uno de los diversos colectivos de familiares de desaparecidos que han surgido en la última década en Iguala, desde que llegó José Luis Abarca con una policía al servicio del crimen organizado a sembrar el terror en esta ciudad.
En entrevista, describe lo ocurrido en los últimos meses en Iguala. El fenómeno del cobro de piso es relativamente nuevo, porque en realidad la delincuencia no ha cesado desde que Iguala se hizo mundialmente conocida por aquella trágica noche en la que 43 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron levantados por criminales y policías.
La llegada del nuevo gobierno municipal tampoco ha contribuido a reducir la delincuencia, por el contrario. El alcalde David Gama no ha tenido un día de paz desde que tomó posesión.
El 30 de septiembre, cuando asumió el cargo, fueron dejados los cuerpos de cuatro personas frente a su casa de campaña en la colonia Río Balsas. Después, una balacera en pleno festival cultural desató el miedo entre los asistentes. Unos días después cuando el edil dijo a MILENIO que no había recibido presiones de los grupos criminales, apareció un video que se atribuyeron Los tlacos, una agrupación criminal que le advirtió de manera directa al alcalde que llegarían a limpiar Iguala y lo acusaron de haber pactado con integrantes de La bandera, un grupo ligado a los Guerreros Unidos.
"Dicen que ahí en el Ayuntamiento ellos ponen empleados, gente de ellos está ahí en el Ayuntamiento, eso está de la fregada. Si gente poderosa como es el Presidente municipal o un Gobernador doblan las manos ante ellos,¡imagínese los ciudadanos cómo estamos! ", cuenta Mastache, quién en 2014 sufrió la desaparición de su hijo y encontró sus restos, un año después.
Por Iguala han pasado, desde José Luis Abarca, seis alcaldes del PRI, PRD y hasta Morena y la situación no ha sido distinta para sus habitantes. Olvido de todos los niveles de gobierno, en una ciudad que depende al 90 por ciento de la actividad comercial que hoy por hoy es el objetivo de los grupos criminales que buscan imponer su ley a través de amenazas y muerte.
ledz