El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) otorgó a una persona moral una suspensión que impide la publicación de los cambios, que hicieron los diputados a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) para crear una Fiscalía Especializada, en el Periódico Oficial hasta que se resuelva su caso.
“Se concede la suspensión de los actos impugnados, así como sus efectos y consecuencias, debiendo mantenerse las cosas en el estado que actualmente guardan, y no se ordene ni se publique en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León las disposiciones administrativas señaladas con acto impugnados por el accionante, derivadas de la reforma al artículo 2 fracción VIl y adición de una fracción VI Bis 1 al artículo 10, así como de un capítulo VIll Bis.
“Denominado (de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera), el cual contiene los artículos 33 bis y 33 bis 1, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que fuera aprobada por el Congreso del Estado de Nuevo León, hasta en tanto no se concluya en definitiva el presente juicio”, determinó el TJA.
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La suspensión fue otorgada a una persona moral que está siendo investigada de forma directa por la UIFE por un asunto fiscal.
Esto quiere decir que la UIFE no podrá ser movida a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) hasta que se resuelva de fondo la investigación que el órgano investigador realiza a la persona moral.
El promovente alegó que le afectan los cambios hechos a la UIFE, al quererla enviar a la FGJ, por lo que se le otorgó la suspensión para obligar al director del Periódico Oficial del Estado y al Poder Ejecutivo a que, mientras no se resuelva este procedimiento, no se publique exclusivamente la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía.
El procedimiento puede tardar más de un año en resolverse, dijeron fuentes, y mientras tanto, el gobernador Samuel García no puede publicar en el Periódico los cambios a la UIFE propuestos por el Congreso local.
Sin embargo, sí puede publicar la primera vuelta constitucional que aprobó el Congreso para quitarle la UIFE, ya que es una reforma completamente distinta a lo señalado por el TJA.