El pleno de la Legislatura del Estado de Méxicoco turnó a comisiones el análisis de la iniciativa que busca dejar exentos del pago de impuesto predial, a partir del 2025, a las personas mayores de 65 años, siempre y cuando sea el inmueble donde habitan. Actualmente son sujetas a una reducción de hasta 50 por ciento en el monto total, si pagan en enero todo el año, van al corriente y son contribuyentes cumplidos.
La propuesta del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez pretende hacer adiciones al artículo 107 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, donde pide incluir un párrafo que indique que “quedan exentas del pago de impuesto predial a las personas físicas mayores de 65 años que sean propietarias de inmuebles destinados para uso habitacional en el Estado y que habiten en dichas propiedades”.
En la exposición de motivos que hizo ante el pleno, refirió que el Consejo Estatal de Población informó que durante el 2020 las personas de la tercera edad ascendían a un millón 919 mil 454 personas, lo cual representaba 11.30 por ciento de la población mexiquense, pero actualmente estima que la cifra es de 2 millones 125 mil 348 adulto mayores.
El promedio de vida es de 75.7 años
Además, se debe considerar que la esperanza de vida, de acuerdo con el Inegi, es de 75.7 años e incrementará a 76.88 años para el 2030, lo cual se debe tomar en cuenta para todas las proyecciones y políticas públicas.
A nivel internacional, dijo, se han establecido diversos instrumentos encaminados a la protección integral de las personas adultas mayores, entre ellos favorecer la independencia con acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud, además de poder residir en su propio domicilio, por tanto, tiempo como sea posible.
En México, agregó el legislador, existe la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual establece que tienen derecho a la integridad, dignidad y preferencia, lo cual implica una vida digna y de calidad, vivir en entornos seguros y dignos, a gozar del derecho a la protección de la salud, alimentación y a la familia.
Se establece como obligación de las instituciones públicas, el garantizar el acceso a programas que les permitan gozar de sus derechos, por lo que también son sujetos de acceder a programas que les permita contar con una vivienda digna, entre otras.
Situación actual
La realidad es que presentan diversos problemas, pues no cuentan con una pensión suficiente para cubrir sus necesidades básicas en 36.3 por ciento de los casos, a la falta de oportunidades para encontrar trabajo en 20.9 por ciento, la falta de una pensión o jubilación en 13.7 y 7.8 por ciento dependen de sus familiares.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, 33 de cada 100 personas de 60 años y más pertenecen a la Población Económicamente Activas, de la cual 99 por ciento están ocupadas, pero 45 por ciento apenas gana un salario mínimo y 9 por ciento no percibe ingresos.
PNMO