El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley de Seguridad Interior, al considerar que dicha norma invade las competencias de los estados y municipios.
“Es invasiva de las facultades y las competencias de los municipios y las entidades federativas e incluso porque vulnera la autonomía presupuestal de los estados, pone en serio riesgo el sistema de los derechos humanos, la democracia y el acceso a la información”, dijo.
En tanto, el senador Alejandro Encinas señaló que cuando hay un Estado débil y un presidente débil, existe una enorme desesperación en el ejercicio del poder, y la pretensión de trascender este sexenio y mantenerse en la Presidencia de la República los ha conducido a tener iniciativas como la Ley de Seguridad Interior que representan verdaderas regresiones en la vida política del país.
“Más que una Ley de Seguridad Interior es una ley de seguridad del Estado, porque lo que busca es hacer prevalecer el status quo actual y no permitir cambiar alguno”, comentó a MILENIO.
Afirmó que “no regula la función del Ejército en términos de seguridad pública, pues si se revisa el texto, no se refiere a seguridad pública en ningún momento y queda a la interpretación discrecional del Presidente, del secretario de Marina o del de la Defensa Nacional las decisiones para cuándo, cómo y dónde actuar subordinando a la autoridad civil al mando militar”.
Punto de acuerdo
El PRD en el Senado presentó un punto de acuerdo para que esta cámara solicite a la Suprema Corte que substancie y resuelva de manera urgente la controversia constitucional interpuesta contra la Ley de Seguridad Interior, bajo el criterio de que la petición cumple con los requisitos que dispone el artículo 105, según el cual se afectan derechos de grupos vulnerables.
En el escrito, se señala que dicho ordenamiento jurídico abre la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos, como la seguridad jurídica, legalidad, libertad de expresión, de asociación, de tránsito, personal, principios constitucionales de máxima publicidad y protección de los derechos de las víctimas, entre otros.
Aunque la Corte ya rechazó tras peticiones, los perredistas pretenden que el pleno del Senado solicite al alto tribunal que de conformidad con lo establecido en el artículo noveno de la ley reglamentaria al artículo 105 substancie y resuelva de manera urgente y prioritaria “las diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas contra de la Ley de Seguridad Interior”.