El caso Odebrecht no es el primero en el que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar el delito de delincuencia organizada en un proceso ya iniciado por otros ilícitos; es una estrategia del MP de la Federación para presionar al acusado y obtener mejores resultados en la investigación.
Imputar a alguien por delincuencia organizada implica reglas de excepción, por ejemplo, al acusado se le disminuyen sus garantías individuales, pues ese delito es el único para el que puede aplicar el arraigo hasta por 80 días.
En el capítulo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, “De las técnicas especiales”, se detalla el uso de cuentas bancarias o de naturaleza equivalente, vigilancia electrónica, seguimiento de personas y colaboración de informantes, entre otros.
Esta estrategia fue utilizada en casos como el de Rosario Robles o el de Telra Realty-Infonavit, donde los empresarios Zaga Tawil inicialmente fueron acusados de defraudación fiscal y después lavado de dinero, señalamientos que en tribunales combatieron y ganaron; fue hasta que la FGR fincó el delito de delincuencia organizada que un juez concedió las órdenes de aprehensión, la cual se concretó en una detención.
El proceso contra el abogado y empresario Víctor Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, otro ejemplo en el que se usa el cargo de crimen organizado como estrategia, pero en este caso porque, de utilizar otro delito como peculado, estaría a punto de prescribir.
A estos casos hay que agregar el de los 31 científicos del Conacyt en el que la FGR buscó imputarles delincuencia organizada, pero un juez rechazó las peticiones, al considerar excesivo este delito contra los académicos.