Diez años después de los hechos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una denuncia penal contra el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours por el siniestro de la Guardería ABC en el que fallecieron 49 menores y más de un centenar de hijos de obreros resultaron lesionados.
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“Como gobernador de Sonora y como responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, Eduardo Bours habría tenido el deber de implementar acciones para la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de riesgos en materia de protección civil”, establece la denuncia interpuesta por el organismo el pasado 22 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR), a la cual se le solicita que dé inicio a la carpeta de investigación y se practiquen las diligencias necesarias para su debida integración.
La querella fue presentada por el apoderado legal del IMSS, Francisco Morales Oviedo, el mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció al ex subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, como nuevo titular del organismo, en sustitución de Germán Martínez.
En el apartado de “Antecedentes” de la denuncia se menciona que “la guardería se encontraba financiada por el IMSS y era administrada por los particulares Gildardo Francisco Urquides Serrano, ex tesorero estatal del PRI; Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala, y Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa del subsecretario de Ganadería de Bours.
“Conducta omisa”
En la sección “Hechos” del documento se señala que “el deber jurídico de Bours, como gobernador, radicaba en la vigilancia y protección del correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, de manera concreta que los prestadores del servicio de guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales, aspecto que podría haberse dejado de lado, en consecuencia su conducta omisa generó peligro para los bienes jurídicos titulados: la vida y salud de un grupo de especial vulnerabilidad: niños y niñas”.
Para el IMSS, el ex mandatario estatal pudiera resultar responsable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, la cual señala que las autoridades tienen dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil.
“Debería haberse verificado —dice la querella— conforme a la legislación estatal aplicable, que el inmueble donde se encontraba la guardería fuera viable y seguro para la prestación de dicho servicio pues, en caso contrario, no se hubiese habilitado una bodega para tal efecto y más aún, en un inmueble ubicado en una zona que podía considerarse peligrosa, en tanto que de un lado compartía muro con una bodega que almacenaba papel, la parte trasera era colindante con una llantera, y a 43 metros de distancia había una gasolinera en servicio.
“Esa sola circunstancia actualizaba un riesgo latente y evidente de que la prestación de servicio no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad, así como de protección civil, en consecuencia el riesgo existente en la guardería se fue elevando de manera paulatina, resultando de una cadena concomitante de errores en el tiempo hasta que se presentaron los hechos que nos ocupan”.
Investigación
La Fiscalía General de la República advirtió a los padres de los 49 niños de la Guardería ABC que desechará la hipótesis de un posible “incendio intencional” por falta de evidencias y pidió a los familiares aportar pruebas de que la conflagración en la que murieron los bebés y otros 109 resultaron heridos fue, en efecto, causada. En caso contrario, se cerrará esa parte de la investigación, revela un oficio obtenido por MILENIO.
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El documento firmado por Martha Patricia Muñoz Sierra, agente del MP de la Federación adscrita a la dirección general de Averiguaciones Previas de la fiscalía, notifica a los abogados y padres de familia su determinación de “consultar el no ejercicio de la acción penal”, y que se contrapone con las declaraciones vertidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 12 de abril, cuando prometió “acelerar” la resolución del caso, el cual “pudo ser detenido por influyentismo”.
La averiguación previa que la FGR proyecta desestimar, AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/19A/2013, fue abierta en abril de 2013. Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de las familias afectadas, explicó que el expediente incluye un peritaje sobre la causalidad del siniestro, que inició en la bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora, y presenta diversos indicios que demostrarían que en el lugar se vertió un líquido acelerante de fuego.
“El peritaje fue realizado por David Smith, especialista norteamericano, quien ha asesorado a la CIA y al FBI”, detalló.
En el expediente también hay testimonios de quienes afirman haber visto a personas salir corriendo de la bodega antes del incendió y otras más que, incluso, podrían revelar la identidad de los autores intelectuales del siniestro.