En la primavera del 2001, soplaban vientos de cambio en México. Apenas 10 meses atrás, el PRI, partido que mantuvo la hegemonía del poder político por más de siete décadas, había sido derrotado en las urnas y se abría la posibilidad de luchar por nuevas libertades.
México salía de una época de autoritarismo. En ese momento, los ciudadanos no podían conocer los salarios de los servidores públicos, no se podía saber el nombre de quienes ocupaban los cargos al interior del gobierno, no eran públicos los contratos que se firmaban, no se sabía cómo usaban el presupuesto y era impensable obtener un documento firmado por los gobernantes en turno. No había derecho de acceso a la información.
En ese contexto, el 23 y 24 de mayo, periodistas, abogados y académicos —que desde antes solían reunirse en comidas, encuentros informales y charlas con toques de bohemia para debatir sobre el tema— se congregaron en la ciudad de Oaxaca para participar en un seminario titulado “Derecho a la Información y Reforma Democrática”.
“Ya desde antes veníamos platicando sobre las revoluciones que habían sucedido a finales de los años 90, en las que, con el derrocamiento de los regímenes autoritarios, tanto de Europa del Este como de América Latina, se habían adoptado leyes de acceso a la información como primer paso hacia la democracia”, recuerda Issa Luna, investigadora de la UNAM, especialista en Derecho a la Información.
Salvador Nava, ex magistrado electoral y abogado constitucionalista, asegura que esa reunión en Oaxaca fue fundamental para cristalizar un sueño que venían tejiendo desde antes, no por las conclusiones en sí del foro, sino de lo que surgió en la charla informal que se dio tras el cierre del encuentro.
“Echamos un café, una cerveza, después de clausurado el evento, y llegamos a la conclusión de hacer un decálogo y una comisión para redactar una propuesta de ley”, recuerda.
El decálogo incluido en la Declaración de Oaxaca, que estableció el compromiso y la ruta a seguir para impulsar una reforma legal sobre el derecho de acceso a la información, lo firmaron una veintena de abogados y académicos y más de 70 directivos de periódicos de los estados y tres de circulación nacional: El Universal, Reforma y La Jornada.
Personajes como Roberto Rock, Luis Javier Solana, Jenaro Villamil, Juan Francisco Escobedo, Ernesto Villanueva, Miguel Badillo, entre otros formaron parte de ese grupo.
Con ellos, empezó un trabajo de construcción de propuestas de ley y del diseño de la argumentación para convencer a legisladores y autoridades de que era el momento de hacer valer el derecho de los ciudadanos para acceder a la documentación en posesión del gobierno.
“Cuando regresaron de Oaxaca, me toca a mí ponerle nombre, porque a la entonces corresponsal del New York Times en México, Ginger Thompson, hoy directora de ProPública, le platiqué lo que estábamos haciendo y entonces me preguntó: ‘¿Cómo se llama su grupo?’ ¡Pero no tenía nombre! Y entonces le pusimos Grupo Oaxaca”, recuerda la periodista Fuentes Beráin, quien junto con Issa Luna fueron las únicas mujeres del colectivo.“En la sala del comedor de mi casa se hizo la primera iniciativa que acompañaron todos los partidos: el PRD, donde militaba el (ahora) presidente, el PRI, el PAN; en esa reunión, el sentimiento era de fraternidad total, nos tomamos de las manos y dijimos ‘ninguno de los que están aquí va a ser comisionado’, y lo cumplimos’”, rememora.
Pedir ‘de manera respetuosa’
Salvador Nava, entonces profesor investigador de la Universidad Anáhuac del Sur, asegura que la experiencia internacional que conocían en ese momento los académicos que asistieron al seminario en Oaxaca distaba mucho de la realidad en México.
“Sentíamos impotencia. Todos los académicos teníamos posgrados, habíamos tenido la oportunidad de estudiar en otros países, y te dabas cuenta cómo algunas dinámicas de nuestro Derecho estaban muy atrasadas”, comparte.
Nava Gomar explica que en el momento en que se impulsó la legislación de transparencia, en México sólo existía algo llamado “derecho de petición”.
En ese tiempo, dice, “lo único que teníamos era el entonces, timidísimo -y que no sirve para nada-, derecho de petición, regulado en el artículo 8 de la Constitución donde se establece que tenemos el derecho de pedir la información pública que queramos, siempre y cuando sea de manera escrita y respetuosa, es decir, no somos eficaces en los derechos, pero eso sí, muy bien educaditos, ¿no?”.
Con esa disposición, explica el académico, la autoridad tenía la potestad de responder lo que a su derecho o lo que a su mejor juicio conviniera.
“¡Es una barbaridad! Y se suponía que la autoridad tenía que responder en un plazo breve y la Suprema Corte de entonces interpretó que por breve podía considerarse un año. O sea, tú metías una solicitud de derecho de petición para saber algo y te contestaba en un año la autoridad que no te iba a dar nada y con eso se consideraba por satisfecho tu derecho y por cumplida la obligación de la autoridad”, afirma el abogado.
Información sólo a “periodistas obedientes”
Aparte de ese derecho de petición, en el artículo sexto de la Constitución había una frase que decía que el Estado garantizará el derecho a la información.
Issa Luna Pla explica que esa disposición constitucional era letra muerta porque el gobierno no producía información, existía un déficit de archivos, un déficit de documentar los actos y los hechos del Estado, no existían prácticas de documentar las decisiones, no existían minutas, manuales de procedimientos, documentos mínimos públicos que hablaran sobre la organización y los gastos de las administraciones, y obviamente no había portales de internet como los hay ahora.
“La información la administraban los gobiernos a través de las áreas de comunicación social que la entregaban a los periodistas cuando se portaban bien o cuando pagaban por la información o cuando se filtraba”, explica la académica.
En ese tiempo, Rossana Fuentes era periodista de El Financiero y explica que para obtener información de contratos públicos en México había que triangular datos en el extranjero.
“En ese momento, con un presidencialismo muy parecido al que estamos viendo ahora, fuimos capaces de documentar que detrás de un contrato de radares estaba el hermano del presidente, y de ahí sale la denominación del ‘señor 10 por ciento’, como se llamó a Raúl Salinas de Gortari. Ese tipo de reporteo no se hacía, pero se hizo triangulando información internacional porque en México había muy poca. ¿A qué tenía acceso yo? A la información de compañías francesas, americanas y de demás países, pero estábamos en desventaja en el nuestro, había que llegar por otras vías”, recuerda.
El desdén de AMLO
Para Rossana Fuentes, la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer al INAI no revela nada nuevo, sino que revive el diseño político en el que ha basado su trayectoria.
Al consolidarse, recuerda Fuentes Beráin, el Grupo Oaxaca comenzó a visitar a distintos gobernantes, entre ellos a López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal.
“No fue un entusiasta. Él claramente dijo que no le interesaba lo que se estaba configurando porque entonces, como ahora, apelaba al personalismo no a la institucionalidad, a la conducta ética personal y no a la conducta social institucional donde los procesos y las formas de responder al derecho del pueblo a saber pasan por algo transparente al cual puede acudir cualquiera”, reprocha.
En la Declaración de Oaxaca, como eje central de todas las ideas, estuvo plasmada desde el inicio la necesidad de crear “la figura de una autoridad independiente, que deberá tener a su cargo la importantísima tarea de intervenir cuando haya controversias en casos excepcionales sobre la naturaleza de la información solicitada a los órganos del Estado, es decir, si se trata de información restringida”.
Ahí nació el espíritu de lo que después fue el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el cual, con una reforma posterior, en 2014, se convirtió en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Sin embargo, sin una autoridad independiente, no tendría sentido nada de lo acordado e impulsado a partir de la Declaración de Oaxaca, afirma Nava Gomar.
Presión a Fox
El Grupo Oaxaca cabildeó con el presidente Vicente Fox y con legisladores su propuesta ciudadana para crear una ley de acceso a la información. La presión de la sociedad civil y de los periódicos ayudó a que la iniciativa avanzara.
Sentarse con Fox, dice Luna Pla, fue el primer gran triunfo del Grupo Oaxaca, el primer indicio de que estaban derribando las resistencias del pasado y se abrían nuevas posibilidades de conquistar derechos, pues “eran tiempos en los que tampoco los ciudadanos tenían la posibilidad de sentarse a dialogar con sus autoridades”.
El 6 de diciembre de 2001, el Grupo Oaxaca presentó formalmente ante la Cámara de Diputados su proyecto de ley. Aunque no como la soñaron, pues el gobierno modificó algunos planteamientos, el 11 de junio de 2002 se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio vida al IFAI, como órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal.
“Había en ese momento alguna resistencia para no hacerlo todavía un órgano constitucional autónomo, pero era un primer paso, estaba muy bien”, añade Nava.
Fue hasta febrero de 2014, cuando se volvió a modificar la Constitución para darle autonomía al instituto. Entonces, nació el INAI y el 4 de mayo de 2015, se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora vigente.
Un derecho que parecía inalcanzable
Para Issa Luna Pla, el sentimiento que imperó en el Grupo Oaxaca fue de amistad, de lucha social, pero también de osadía.
“Sabíamos que lo que estábamos proponiendo era excesivamente un ideal, un ideal de la democracia, que pensábamos que nunca iba a poder ser realidad, para nosotros era inalcanzable que el gobierno te respondiera una solicitud de información; simplemente el hecho de establecer una comunicación directa entre un ciudadano y una oficina del gobierno era impensable para nosotros”, expresa.
Hoy, con la propuesta de desaparecer al INAI, Rossana Fuentes confiesa sentir una “tristeza infinita” por todo el trabajo que se hizo para llegar a tener instituciones como la actual.
Difícil, desaparecer al INAI
Para los especialistas, la propuesta de desaparecer al INAI y fusionar sus funciones con la Secretaría de la Función Pública violaría derechos humanos, tratados internacionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a tener un órgano autónomo garante del derecho de acceso a la información.
Y lo ven difícil, pues requiere una reforma constitucional, la cual necesita dos terceras partes de la votación en el Congreso y la aprobación de la mitad de legislaturas locales, además de que la Función Pública no tendría ni la competencia ni la capacidad para regular el acceso a la información de sujetos obligados ajenos al Poder Ejecutivo.
“Veo inviable que pase esta idea. Si decidiera el Presidente proseguir con esta idea, se metería en un problema grave internacional”, concluye Issa Luna Pla.
JLMR