El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se quedó sin quórum para sesionar porque se confió y actuó tarde para reclamar ante la Corte que el Senado no haya hecho a tiempo los nombramientos que faltaban.
Así lo considera Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del instituto, el órgano ciudadano con cargos honoríficos que emite opiniones y recomendaciones técnicas al pleno del INAI, quien ha encabezado la batalla jurídica con juicios de amparo para obligar al Senado a hacer las designaciones de los comisionados que hacen falta.
En entrevista con MILENIO, Ciscomani asegura que, al menos en dos ocasiones, los comisionados del INAI desestimaron la urgencia de presentar una controversia constitucional para presionar al Senado.
La primera fue en octubre de 2022, seis meses después de que habían concluido su encargo los comisionados Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey.
En ese tiempo, recuerda Ciscomani, el Consejo Consultivo comenzó a sugerir al INAI que acudiera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presentara ese recurso.
“Nos planteamos recomendar al instituto entablar una controversia constitucional en el tiempo oportuno. ¿A qué nos referíamos con el tiempo oportuno? Nos referíamos a que esto tenía que ser antes de que terminara 2022, para que tuviéramos un espacio de tres meses a fin de que la Suprema Corte pudiese resolver”, explica.
Pero los comisionados del INAI no atendieron la sugerencia en ese momento, pues prefirieron privilegiar el diálogo con el Senado.
“¿Qué pasó con los comisionados? Dijeron ‘nos están invadiendo nuestra gestión’. Y nosotros (el Consejo) dijimos ‘estamos cumpliendo con un mandato donde tenemos que velar por el buen funcionamiento del INAI’. En respuesta, ellos dijeron ‘no va a pasar’. Había gran confianza en el senador (Ricardo) Monreal”, relata Ciscomani.
Ante la inacción del pleno del instituto, el Consejo Consultivo decidió emprender la vía paralela.
“Yo sí les dije a mis colegas ‘vamos a entablar una acción de amparo, autorícenme, yo voy a representarlos, soy abogado’”, recuerda.
Sin embargo, la demanda de amparo fue desechada en primera instancia por la Jueza 17 de Distrito.
“Sabemos lo que hacemos”
En diciembre, el Consejo Consultivo decidió emitir, ahora sí, una recomendación y redactó una propuesta de controversia constitucional para que los comisionados la presentaran cuanto antes, pues en marzo saldría un comisionado más, Francisco Javier Acuña, y entonces sí, el pleno quedaría sin quórum. Pero, a decir del abogado, volvieron a desestimar la acción judicial.
“Platicamos con ellos la recomendación. Y te voy a resumir su respuesta en tres frases: ‘nosotras y nosotros somos los comisionados y sabemos lo que hacemos’; ‘tenemos plena confianza en determinados senadores que esto puede salir adelante’ y ‘debemos ser cuidadosos en la agenda política porque el instituto está en peligro’”, confiesa el consejero.
“No sé qué pensaron que iba a pasar”, lamenta.
Con esas respuestas, el Consejo Consultivo retomó la vía de amparo que habían iniciado en noviembre, presentaron una queja contra el desechamiento por parte de la jueza y en febrero de este año, un tribunal les dio la razón y ordenó a la jueza admitir el recurso y valorar si otorgaba la suspensión.
A partir de entonces, la jueza Celina Angélica Quintero Rico comenzó a fallar en favor del Consejo. Otorgó la suspensión provisional, otorgó la suspensión definitiva y ha ordenado a la Junta de Coordinación Política del Senado, en al menos tres ocasiones, que nombre ya a los comisionados faltantes.
Para marzo, el periodo de nueve años del comisionado Francisco Javier Acuña como miembro del INAI llegó a su fin. Y fue hasta entonces cuando el pleno del INAI se decidió a acudir ante la SCJN para reclamar la omisión del Senado.
Unos días antes de que Acuña se fuera, el 15 de marzo, aún con quórum, en sesión de pleno, los cinco comisionados aprobaron presentar el recurso, y el 27 de marzo, el director Jurídico del INAI, Gonzalo Sánchez de Tagle, cumplió con el trámite.
“Yo creo que los comisionados estuvieron confundidos un buen tiempo. No pudieron o no se pusieron de acuerdo para la acción o simplemente, a lo mejor, no la consideraron, no lo sé. ¿Cuándo interpusieron la acción? El último día de marzo, cuando tenían todavía quórum. ¿Cómo llegar tan tarde a defender a una institución y una política pública? Eso es lo que yo les he criticado públicamente”, expresa Ciscomani.
Lamentablemente, la acción del INAI llegó tarde, dice.
“Muy tarde. Porque una controversia se lleva entre tres y cuatro meses, mínimo, y más cuando cae con una ministra que les dijo que no a la primera. La controversia apenas está siendo valorada para otorgar la suspensión”, comenta.
“Cumplo y miento”
Sin embargo, el juicio de amparo iba. E iba bien. Desde que la jueza les otorgó la suspensión definitiva a los integrantes del Consejo Consultivo, empezó una batalla judicial con el Senado, a la que, en abril, se añadió un amparo más, en el que se reclama ahora el nombramiento del tercer comisionado ausente.
“Empieza esta escalada de recursos por parte del Senado y por parte nuestra, incidentes donde decimos que ellos no cumplen, acciones donde ellos dicen que, por supuesto, que están en cumplimiento. Pero están en ‘cumplimiento’, es decir, “cumplo” y “miento”. Hacen cosas para cumplir, pero en realidad no los va a llevar al cumplimiento y es lo que están haciendo actualmente”, reclama Ciscomani.
Y esas acciones que simulan cumplir, no nada más han sido por parte del Senado, sino que ahora también la Comisión Permanente y la Cámara de Diputados.
“El secretario de Administración y Servicios Financieros de la Cámara de Diputados, imagínate, no le dio los RFCs de los diputados que forman parte de la Comisión Permanente a esta jueza, titular del 17 Juzgado, porque ella pretende multarnos y se los niega. Se los reservó. Dijo que eran información confidencial… ¡ante un mandato debidamente fundado y motivado de un juez dentro de un procedimiento! Es un desacato ya a ese nivel”, expone.
A la fecha, la Comisión Permanente no ha aprobado convocara a un periodo extraordinario, pero aun así, los dos amparos están vivos.
“Tenemos dos amparos, para ponerlo claro. El amparo de 2022 para las dos vacantes, a partir del 1 de abril y tenemos un segundo amparo por la tercera vacante”, detalla.
Para Ciscomani, de seguir las cosas como hasta ahora, en julio deberían empezar a imponerse multas a los legisladores por el desacato a la jueza, y si aun así no cumplen, “si llegamos al periodo ordinario, los amparos van a seguir ahí”.
EHR