El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alertó que el ejercicio y la tutela de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en Oaxaca podría estar en riesgo por la desaparición del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), aprobada por el congreso de ese estado.
El Congreso de Oaxaca aprobó el miércoles 14 de abril la iniciativa por la que se modifican diversas fracciones del apartado C, del artículo 114 de la Constitución Política del Estado y da paso a la creación del Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, que sustituirá al IAIP, pero no se prevé un plazo transitorio para la instauración de este nuevo organismo.
El pleno del INAI acordó analizar a fondo las posibles repercusiones que podría generar el dictamen aprobado y ejercer a plenitud sus facultades constitucionales y legales para evitar retrocesos a la garantía de estos dos derechos fundamentales en el estado de Oaxaca.
En reunión de trabajo, los comisionados del INAI y del IAIP consideraron que el dictamen aprobado por el congreso local “podría atentar contra la democracia e implicar violaciones a los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales en la entidad federativa”.
En un comunicado, los integrantes del pleno del INAI expresaron su preocupación porque, además de dejar a la deriva estos dos derechos fundamentales, quedan en incertidumbre jurídica la institución, su personal, así como la comisionada y el comisionado que integran el pleno del órgano garante de Oaxaca.
“La función principal de los órganos garantes es promover y tutelar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, tal como lo establecen la Constitución federal y la Ley General de Transparencia”, expresaron.
Enfatizaron, además, que no debe pasar inadvertido que los órganos garantes del país, integrados en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), son resultado de la lucha y la exigencia social por acceder a la información del gobierno, demandar rendición de cuentas y vigilar su actuar.
Los comisionados nacionales aseguraron que “los órganos constitucionales autónomos, a nivel federal y local, están inmersos en un esquema de división de poderes, en el que existe una relación recíproca de colaboración entre todos los entes públicos y, a su vez, de limitación entre unos y otros, con lo cual se constituye el sistema de pesos y contrapesos”.
JLMR