El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) manifestó su preocupación por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que invalidó una de sus resoluciones en la que ordenaba a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer los nombres de los ministerios públicos que laboran en ella, pues sienta un antecedente negativo para atacar las decisiones del instituto.
“Preocupa al INAI la determinación de la SCJN de invalidar la resolución RRA 9481/19, emitida en contra de la FGR; el fallo mina el derecho de acceso a la información y sienta un mal precedente para la inatacabilidad de las resoluciones de este organismo garante”, señaló el organismo a través de su cuenta en Twitter.
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, expresó, también en redes sociales, sin que hasta ahora haya un comunicado institucional de por medio, que le preocupan los posibles efectos que pueda tener la determinación de la Corte al principio de inatacabilidad de las determinaciones del INAI.
“Sería un grave retroceso que se judicialice el derecho de acceso a la información”, consideró.
Ayer, la Corte avaló, por mayoría de siete votos, que la FGR mantenga en reserva los nombres de su personal operativo y administrativo, al considerar que, de revelarlos, se pondría en riesgo su vida, seguridad y salud.
El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, mencionó que en el expediente del caso se expone la "teoría del mosaico", la cual considera que, recopilando, combinando y procesando datos aparentemente inofensivos, se pueden extraer conclusiones útiles sobre la capacidad de la FGR y sus vulnerabilidades.
La Corte avaló no revelar los nombres de personal que, por su actividad, tenga acceso a reportes sobre armamento, número de elementos y despliegue de agentes de campo.
La ministra Margarita Ríos Farjat advirtió que divulgar esa información vulnera las capacidades institucionales de la fiscalía.
También en sus cuentas de Twitter, los demás comisionados integrantes del pleno del INAI lamentaron la decisión de la Corte, sobre todo en un caso en el que está involucrada la FGR, una de las instituciones más reticentes a acatar las instrucciones del instituto.
El comisionado Francisco Javier Acuña expresó que, así como los comisionados han reconocido siempre la supremacía de opinión de la SCJN, en esta ocasión, difería respetuosamente de la decisión de los ministros que dieron la razón a la FGR.
“Un retroceso. Lamentable que la FGR, que ha sido remisa a sus deberes de transparencia ordenadas por el INAI, consiga la razón de la SCJN para cerrar cuanto requerimiento se le hace. Si impera el ‘peligrosismo’ para proteger información pública, se derrotará el derecho a saber”, manifestó.
Recordó que las resoluciones del INAI son, por definición constitucional, definitivas e inatacables, salvo recurso ante la SCJN por tratarse de información de “seguridad nacional”.
“La vía que ha seguido la FGR es la controversia constitucional y preocupa la procedencia de la vía”, dijo.
El comisionado Adrián Alcalá expresó que está convencido en que la inatacabilidad de las resoluciones del INAI fortalecen el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, pero que con la resolución de la “SCJN se permite que éstas puedan ser impugnadas por medio de la controversia constitucional”.
Opinó que con eso “se abre una puerta que hace latente el riesgo de retrasar la garantía de estos dos derechos humanos; más aun cuando en el fondo, lo que se analizó fue la legalidad de la resolución, es decir la procedencia de la reserva invocada por la FGR”.
La comisionada Julieta Del Río adelantó que la resolución de la Corte será un tema inevitable en la próxima sesión de pleno para informar el camino a seguir ante la decisión de la SCJN de invalidar una resolución del INAI.
Por su parte, la comisionada Josefina Román consideró importante defender que, por mandato constitucional, las resoluciones del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
“Se vuelve obligado hacer un estudio cuidadoso del asunto, fortalecer nuestras resoluciones y consolidar la tutela mediante procedimientos efectivos para garantizar el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales”.