El Instituto Nacional de Migración (INM) debe dar a conocer qué medidas tomó en contra de agentes de la institución que hayan participado en violaciones a los derechos humanos de personas migrantes, como extorsiones o secuestros, en el territorio del estado de Tamaulipas, entre los años 2010 y 2014.
Así lo resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que el INM respondió de manera negativa a un ciudadano que solicitó esa información vía una solicitud de transparencia.
La petición original del ciudadano requería conocer toda la información que Migración tenga sobre la participación de agentes adscritos al Instituto en violaciones a los derechos humanos, extorsiones, robos, trata de personas o secuestros de migrantes que cruzaron o fueron detenidos en Tamaulipas durante el periodo 2010 a 2014, así como investigaciones y acciones tomadas por dicha autoridad.
En su respuesta, Migración turnó la solicitud a diversas unidades administrativas internas del instituto para conocer de lo solicitado, pero algunas de esas áreas señalaron ‘inexistencia de la información’, mientras que otra manifestó ser incompetente para tener la información respectiva.
Ante esta respuesta de incompetencia, el solicitante presentó ante el INAI un recurso de revisión.
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En sus alegatos ante el INAI, el INM reiteró su respuesta inicial.
El caso fue presentado ante el pleno del INAI por la comisionada Julieta Del Río, quien propuso revocar la respuesta del INM, al argumentar que “el Instituto Nacional de Migración, por un lado, omitió turnar la solicitud de información a la totalidad de todas y cada una de las unidades administrativas competentes; por otro lado, definitivamente, fue omiso en realizar una búsqueda amplia, exhaustiva y con un criterio de máxima publicidad en las áreas a las que turnó la solicitud”.
Además, expuso que la ponencia a su cargo identificó información pública, oficial, en la que se mencionan acciones de servidores públicos del INM posiblemente relacionadas con conductas inapropiadas y ajenas a los protocolos y políticas de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
“Cabe destacar que, entre esta información pública, oficial, se encuentran recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También se identificó alguna información pública no oficial, como notas de prensa, cuyo contenido apunta en el mismo sentido”, apuntó.
Ante ello, el pleno del INAI respaldó dicha propuesta y revocó la respuesta del Instituto Nacional de Migración para instruirle que turne la solicitud de información a todas las unidades administrativas competentes para conocer la solicitud y que, de manera exhaustiva y con un criterio amplio, realice la búsqueda de la información que se tenga sobre la participación de agentes de dicho Instituto en violaciones a los derechos humanos, extorsiones, robos, trata de personas o secuestros de migrantes que cruzaron o fueron detenidos en Tamaulipas en los años 2010 a 2014, así como investigaciones y acciones tomadas por dicha autoridad.
Al exponer el caso, la comisionada Del Río recordó que “existe un Instituto ex profeso que lleva los casos y registros de estos temas y no puede declararse incompetente ante solicitudes de datos de lo que trabaja y para lo cual fue creado y que es el tema de migración”.
Dijo que “la impunidad no puede permear sobre los casos posibles de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas”.
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Del Río destacó que, de acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina y El Caribe es la región más afectada por la pandemia de COVID-19, lo que ha traído un aumento en la pobreza, la falta de empleos y la desigualdad, situación que ha propiciado una crisis migratoria que, lejos de ceder, se ha recrudecido.
“La información pública servirá para que el sujeto obligado -el Instituto Nacional de Migración-pero también otras autoridades competentes en la materia rindan cuentas sobre la contribución a descriminalizar estos hechos, la migración, el cese de las violaciones sobre derechos humanos. Tenemos que conocer estos números y sus registros. No puede declarar su inexistencia un Instituto que se dedica precisamente a este tipo de situaciones, menos en la violación a los derechos humanos”, expresó.
SJHN