El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir sus expedientes y detallar de dónde salen las cifras de 6 mil millones y 3 mil 500 millones de pesos que reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador como presunto desvío de recursos durante el actual sexenio en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Al presentar una propuesta de resolución a un recurso de revisión promovido por un ciudadano, el comisionado presidente del instituto, Adrián Alcalá, explicó que dicho recurso inició con una solicitud de acceso a la información en la que el interesado se refirió a cifras mencionadas en una conferencia matutina del titular del Ejecutivo en la que participó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo.
En dicha conferencia, el secretario aseguró que la cifra manejada por la opinión pública, de 15 mil millones de pesos desviados en el caso Segalmex, no tenía fundamento y que en realidad para los ejercicios 2019 y 2020, las observaciones que determinó la dependencia y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ascienden únicamente a 6 mil millones de pesos y 3 mil 500 millones de pesos, respectivamente.
A partir de esas declaraciones, la persona solicitante pidió vía transparencia a la SFP que le informara los hechos de los que parten los actos de fiscalización con los que se llegó a los importes señalados, así como las observaciones expedidas tanto por la dependencia como por la ASF, que dieron origen a faltas administrativas y responsabilidades penales.
No obstante, la SFP no entregó la información solicitada y además clasificó documentos relacionados, por lo que el interesado promovió el recurso de revisión ante el INAI para reclamar por la respuesta de la dependencia.
Al exponer el caso ante el pleno, Alcalá advirtió que la relevancia de este recurso de revisión radica en que la información solicitada se encuentra relacionada con el caso Segalmex, que presuntamente constituye el mayor desfalco al presupuesto público del presente sexenio, vinculado con desvíos en compras de alimentos que debieron llegar a la población más necesitada.
“Resoluciones, como la que hoy les presento, ayudan a colocar en el escrutinio público la amplia evidencia de irregularidades dentro de Segalmex y documentar la existencia de esta presunta red de corrupción (…) De ahí la importancia que tiene esta institución autónoma, pública e independiente, porque este Instituto protege, garantiza y promueve revelaciones concernientes a actos de corrupción”, afirmó el comisionado.
Alcalá Méndez expuso que, al analizar el caso, su ponencia identificó que la búsqueda efectuada sobre las observaciones que la ASF realizó a la SFP, no fue exhaustiva, pues no se pronunciaron todas las áreas que pudieran conocer de lo requerido.
Además, señaló que existen inconsistencias entre la inexistencia de los montos relacionados con los hechos que dieron origen a las manifestaciones realizadas por el titular de la SFP y la clasificación de los documentos que sustentan dichas manifestaciones.
“Es decir, no se puede clasificar información que se ha declarado inexistente, pues la inexistencia significa que no se cuenta con información y por lo tanto no se puede clasificar algo que no se tiene”, explicó.
Respecto a la clasificación de la información que invocó la SFP, la resolución propuso determinar que no es procedente, pues los expedientes solicitados están relacionados con actos de corrupción, y se actualiza la excepción de la reserva prevista en el artículo 112, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción.
El pleno del INAI respaldó la propuesta presentada por Alcalá, resolvió modificar la respuesta de la SFP y le instruyó efectuar una búsqueda exhaustiva y entregar a la persona recurrente la información sobre los hechos de los que parten los actos de fiscalización y con los que, supuestamente, la ASF llegó a la determinación de que fueron desviados 3 mil 500 millones de pesos.
Además, debe proporcionar la copia de los documentos relativos a las faltas administrativas graves o faltas de particulares derivados del caso Segalmex y que supuestamente fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De igual forma, la SFP deberá elaborar y entregar la versión pública de los 23 expedientes de investigación y de los 14 expedientes de responsabilidad que declaró como reservados.
LG