El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar una versión pública del acuerdo reparatorio que se firmó con Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos de México, mediante el que se pactó reparar el daño causado al erario por 216 millones 664 mil 4 dólares por la venta irregular de la planta de Agro Nitrogenados en 2014.
En su respuesta inicial a la solicitud de información planteada por un ciudadano, la FGR determinó que dicho documento estaba clasificado como reservado, pues “su publicidad representa un posible riesgo para las estrategias de la investigación correspondiente”.
El solicitante se inconformó ante el INAI por esta respuesta, por lo que la FGR presentó sus respectivos alegatos.
En éstos, la Fiscalía informó que el documento se mantiene bajo reserva, pero ya no por formar parte de una investigación, sino que, ahora, es parte de un expediente judicial, denominado causa penal, que no ha causado estado, es decir, en el que no se ha dictado sentencia definitiva.
A propuesta de la comisionada Norma Julieta del Río, el pleno del INAI determinó revocar esa respuesta y ordenar a la FGR entregar una versión pública de dicho documento, debido a que, al tratarse de un acto de corrupción y por lo tanto, de notable interés público, no aplica la clasificación de reserva.
“Este recurso de revisión muestra que conocer la información de este acuerdo reparatorio contribuye a permitir a que toda la sociedad pueda seguir evaluando el desempeño de las autoridades competentes, según sus atribuciones en cada una de las fases de este proceso, denuncia, investigación e impartición de justicia”, explicó Del Río.
Recordó que se trata de uno de los casos emblemáticos que han sido de conocimiento de todo el país y “que la sociedad necesita seguir estando informada de los procesos que están ocurriendo, no solo con este caso, sino con el caso Odebrecht, con todos los casos que han sido emblemáticos en los últimos meses y que este instituto, el INAI, en voz de todos y cada uno de mis compañeros que hemos resuelto temas sobre los mismos, se han dado a conocer y ha permitido que la sociedad mexicana conozca lo que está pasando”.
Por su parte, la comisionada Josefina Román aseguró que “si bien, en principio resulta procedente la clasificación como confidencial de los nombres de los imputados, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su publicidad resulta de interés público, ya que permitirá a la ciudadanía identificar a las personas a las que se les atribuye la comisión de hechos que derivaron, como ya lo señaló la comisionada ponente, en un daño al erario público (sic)”.
Dijo que los nombres de imputados en una investigación penal son datos personales confidenciales, de acuerdo con el artículo 20, Apartado B, inciso I) constitucional, que dispone que toda persona imputada tiene, entre otros, el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Sin embargo, dijo que “es importante señalar que incluso la clasificación de la información confidencial encuentra sus propias limitantes cuando la información resulta de trascendencia e importancia para el interés público justamente como lo es el caso que expone la comisionada”.
Román afirmó que “tener acceso a documentos vinculados con presuntos actos de corrupción nos permitirá, por supuesto, fortalecer la democracia, pues las administraciones honestas y eficientes son necesarias para la existencia de un estado de derecho”.
JLMR