La Secretaría de Bienestar debe dar a conocer los nombres de las personas que han sido beneficiarias desde el 2002 de recursos económicos repartidos mediante el programa del gobierno federal denominado 3x1 para Migrantes, el cual apoya a mexicanos residentes en Estados Unidos.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al resolver un recurso de revisión de un ciudadano, quien se inconformó con la respuesta incompleta otorgada por la dependencia federal a una solicitud de información.
El solicitante requirió a la Secretaría de Bienestar información relativa al padrón de personas, clubes u organizaciones migrantes localizadas en Estados Unidos, así como el padrón de beneficiarios y acciones que se hayan realizado a nivel nacional en el programa 3x1 para Migrantes, desde su entrada en operación en 2002 y hasta octubre del 2022.
En su respuesta, el sujeto obligado, es decir, la Secretaría de Bienestar, únicamente proporcionó un vínculo electrónico en donde indicó que se podrían consultar los informes trimestrales de los programas de subsidio del ramo administrativo 20, el cual corresponde a los programas de Bienestar, antes denominados programas de desarrollo.
El ciudadano se inconformó porque esa respuesta no atiende lo requerido en su solicitud de información, por lo que presentó un recurso de revisión ante el INAI.
En el órgano garante, el caso le correspondió atenderlo a la ponencia del comisionado Adrián Alcalá, quien lo expuso ante el pleno del INAI, al advertir que “se trata de un tema que aqueja a nuestro país, como es la migración, y que incluso en la reunión trilateral que acaba de concluir el día de hoy, con la visita de los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, el tema de la migración también se abordó”.
Pero además, dijo Alcalá, porque involucra el manejo de recursos públicos que, tanto el gobierno federal como de las entidades federativas, otorgan para atender esta problemática.
Alcalá explicó que el programa 3x1 para Migrantes es un programa creado para apoyar a los mexicanos que viven en el exterior y que, al mismo tiempo, a través de la entrega de recursos públicos, ayuden a las comunidades de las que son originarias y originarios.
“Su finalidad es apoyar a las iniciativas de los migrantes organizados para realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen”, dijo.
En el análisis de la respuesta, se encontró que la información que la Secretaría entregó respecto de los programas que conforman el ramo administrativo 20, no refiere de forma específica el programa 3x1 para Migrantes y además, únicamente se encuentra publicada la información a partir del 2008, siendo que lo peticionado fue desde el 2002.
“Sin que de los informes que proporcionó sea posible llegar a la identificación de la totalidad de los datos que fueron requeridos, de manera muy puntual, por parte de la persona solicitante”, advirtió.
Alcalá, además, dijo que la Secretaría de Bienestar cuenta con la Dirección General de Operación Integral de Programas y con la Dirección General de Padrones de Beneficiarios, así como con las delegaciones de programas, las cuales, en términos de su propia normatividad interna, se encargan de conocer de manera concreta de lo peticionado por el particular.
Además, se analizó que en el padrón de beneficiarios que la dependencia proporcionó, sólo del 2018, fue testado el nombre de las personas beneficiarias, “lo cual es una incongruencia, es decir, si piden el padrón de beneficiarios que reciben recursos públicos, es incongruente que el sujeto obligado teste el nombre de esas personas que reciben recursos públicos”.
Recordó que el nombre de los beneficiarios de programas sociales debe ser un dato público, según la Ley General de Transparencia.
Por ello, el comisionado propuso revocar la respuesta que dio la Secretaría de Bienestar y ordenarle entregar la información completa que se le requirió.
“Dar a conocer información como la que solicitó, da cuenta de la implementación de un programa en el que se busca la generación de empleo, la reactivación de la comunidad de la que se trate, del crecimiento del patrimonio de las familias de personas migrantes en su entidad de origen o bien, de infraestructura o equipamiento o servicios comunitarios, como puede ser agua potable, drenaje, pavimentación de caminos y carreteras, mejoramiento urbano, saneamiento ambiental, conservación de recursos naturales, entre muchos otros”, argumentó Alcalá.
JLMR