El consejo consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que no es lo mismo que el pleno, recomendó pedir a la Secretaría de Gobernación (Segob) que elabore una evaluación del impacto que tendrá el uso de datos biométricos que está solicitando al Instituto Nacional Electoral (INE) para la elaboración de la llamada cédula de identidad.
El consejo consultivo del INAI es un órgano de participación de ciudadanos que vigila y emite opiniones para el mejor funcionamiento del pleno y está encabezado por la académica María Solange Maqueo.
En la primera sesión de 2020, abordó el tema de la cédula de identidad que planea elaborar la Segob, ante lo que sus integrantes acordaron pedir al pleno del INAI una participación más activa en virtud de su responsabilidad cómo órgano garante de la protección de datos personales.
Se determinó que para cumplir con su plan de elaborar una cédula de identidad, la Segob tendrá que justificar por escrito y en un formato público y transparente la necesidad de generar una nueva base de datos y el uso que hará de éstos.
"Requiere una evaluación de impacto a la protección de datos personales, en cuyo caso es necesario acreditar la necesidad de generar esa base y la proporcionalidad que implica determinar qué datos son los que efectivamente requiere para efectos de cumplir con la finalidad específica para la cual estaría generando esa base", explicó Solange Maqueo.
Además, la presidenta del consejo aseguró que "el gran debate (a darse) es de dónde puede, o no, la Segob obtener esos datos personales".
Afirmó que en el caso de que los datos los aporte el INE, la evaluación de impacto, que por ley estaría obligada a elaborar la Segob, sería un instrumento importante para rendir cuentas sobre por qué se daría información que originalmente fue recabada para fines distintos: efectos estrictamente electorales.
El planteamiento de que la Segob emita esa evaluación de impacto fue presentado por el consejero Francisco Ciscomani, quien argumentó que esta evaluación está ya considerada en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para cualquier institución pública que desee manipular datos personales.
"Si una dependencia del gobierno federal como Segob quiere elaborar una base de datos a partir del intercambio de información de otras bases de datos, o la creación de un registro complementarlo, tendría que necesariamente estar obligada a elaborar una evaluación de impacto a la privacidad", dijo el consejero.
Por lo que insistió que ese documento "se haría público, tiene una serie de requisitos, pero al hacerse público permitiría a todos los interesados emitir una opinión, se podrían generar opiniones de sectores afectados o sectores favorecidos con estas iniciativas y creo que la transparencia en términos de la evaluación de impacto a la privacidad es benéfica a todas luces en la actualidad y siempre".
La consejera Nuhad Ponce agregó que es necesario que Segob deje claro el propósito y el objeto de por qué se están requiriendo los datos biométricos, para qué nos va a servir, quién los va a poder consultar y sobre todo, en dónde se van a alojar y qué niveles de seguridad van a tener.
Al respecto, la consejera Sofía Gómez aseguró que "es importante el involucramiento que debiera tener el INAI no solamente en este proyecto, que es particularmente importante, sino en cualquier otro proyecto del gobierno federal que involucrara el tratamiento de datos personales".
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