El juicio electoral en contra de la consulta ciudadana sobre la “ley Bonilla” se envió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tijuana no confiara en el Tribunal local.
La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, Elva Regina Jiménez Castillo, informó lo anterior y dijo que la Coparmex presentó un juicio electoral contra la consulta ciudadana que pretende realizar el Congreso local sobre si se debe extender el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de dos o cinco años.
"Pero la Coparmex sí señala que no confía en el Tribunal Electoral local y pide que se turne a la Sala Superior, lo cual hicimos ya inmediatamente”, dijo.
Entrevistada al término de su participación en el seminario Construcción de Ciudadanía, Interculturalidad y los Desafíos Democráticos, que se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, dijo que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del estado de Baja California los temas de índole electoral no pueden someterse a consulta por parte del Congreso local.
La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California sostuvo que, en todo caso, es el Instituto Electoral local al que le corresponde organizar consultas, referendos o plebiscitos.
Por su parte Beatriz Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que la consulta ciudadana no es un modelo que esté previsto en la legislación, ya que la democracia participativa directa también tiene reglas.
“Lo debe llevar a cabo un organismo que sea independiente e imparcial y yo creo que esas son las reglas que nosotros debemos verificar si se están cumpliendo; hasta donde yo tengo comprendido en la ley no está regulada esa consulta, entonces debemos ser cuidadosos porque si no está regulada ¿qué efectos le podemos dar de mera opinión o vinculantes?”, cuestionó.
Sostuvo que a ello se le puede considerar como distorsiones del régimen democrático, ya que se pretenden utilizar las reglas permitidas como podría ser la democracia participativa directa pero “distorsionado las reglas”.
Asimismo, subrayó que en un régimen democrático las reglas se ponen antes y “la ciudadanía sabía que iba a elegir a un gobernador por dos años”.
El 8 de julio, el Congreso de Baja California aprobó la ampliación del mandato de dos a cinco años del gobernador Jaime Bonilla.
Ante la polémica el mismo Congreso de Baja California aprobó realizar una consulta ciudadana sobre la ampliación de mandado, por lo que la Coparmex en Tijuana informó que interpondrá un amparo ante esta acción por considerarla ilegal.
AE