Se incumplió en capacitación a elementos de seguridad pública en el último año de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, quedando el estado por debajo de la meta fijada dentro del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP), que tuvo un presupuesto de 237.9 millones de pesos en 2022.
La Auditoría Superior de la Federación informó lo anterior en su reciente entrega de resultados a la Cámara de Diputados, donde tras revisar la cuenta pública de este programa observó fallas en la capacitación a cuerpos de seguridad, investigadores y de custodia, determinando que Tamaulipas se mantiene en 2.5 policías por cada mil habitantes, es decir, no hubo avance respecto al 2021.
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“Como parte de las auditorías al FASP, se verificó la aplicación de recursos destinados a la Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública”, indicó la ASF, aclarando que no se etiquetó dinero para la materialización de evaluaciones de control de confianza.
Para cumplir este programa se llevan a cabo cursos de formación, capacitación y actualización de los elementos policiales y se determinó que en 2022 la entidad tuvo 9 mil 135 miembros (operativos y administrativos) que incluye personal de seguridad pública estatal (4 mil 572), fiscalía (3 mil 303) y de centros de readaptación social (1,260).
De todos ellos, solamente se capacitó a 2 mil 482 elementos, que representaron el 27.2% del total, y de los cuales 252 recibieron capacitación inicial y 2 mil 230 continua, según se desglosa en una tabla presentada por el ente fiscalizador. En este rubro de inversión, los dos estados con mayor porcentaje de policías capacitados fueron Zacatecas y Campeche con el 100% y 72.2%, respectivamente.
Se expresó que a la pasada administración estatal le fueron autorizados recursos del FASP para ejercer en 2022 por 28.3 millones de pesos para dicha capacitación, monto que representó el 11.9% del presupuesto total recibido, que a su vez fue de $237.9 millones.
Se concluyó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública “no cubrió metas en la impartición de cursos de capacitación y tampoco otorgó todas las becas contempladas para los policías”. En el transcurso de la auditoría y con la intervención de la ASF, “la Contraloría estatal inició un procedimiento para determinar posibles irregularidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número AI-SGG/065/2023, por lo que se dio como promovida esta acción”.
Compra de vehículos
El programa del FASP al que se destinó el mayor recurso, con un 70% del presupuesto asignado, fue el “Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública”, donde con 167 millones de pesos se compraron vehículos, uniformes, armamento, materiales y suministros para la Fiscalía General de Justicia, así como mobiliario, software, licencias informáticas y mantenimiento de equipo.
“Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública no cubrió tres metas convenidas, específicamente para la adquisición de un vehículo y dos licencias informáticas”. En consecuencia, la Contraloría integró el expediente AI-SGG/066/2023 para atender la observación.
Por otra parte, mediante la verificación física de una muestra de 57 vehículos modelos 2022 y 2023 (31 tipo sedán y 26 camionetas), un equipo especializado (rastreo de equipos celulares) última milla GI2S y una camioneta Van 250 Promaster, se constató la existencia del equipo de rastreo y la Van, los cuales están en condiciones apropiadas de operación, cumplen con las características descritas en la factura y cuentan con el resguardo correspondiente.
“24 vehículos de los 57 no fue posible verificarlos físicamente ya que, de acuerdo con lo informado por personal de la Fiscalía, se encontraban en operativos de seguridad; de ellos se proporcionó la documentación que así lo acredita, por lo que únicamente se revisaron 33 unidades, de las cuales 26 cumplen con las características descritas en las facturas, pero 7 carecen del balizamiento (identificación) institucional solicitado dentro del contrato SESESP/148/2022”.
Debido a ello, se señalaron diferencias entre lo contratado y lo recibido, por lo cual se pagó un importe de 5.1 millones de pesos, sin que en las facturas se desglosara el costo de balizamiento, de manera que la instancia de fiscalización emitió una solicitud de aclaración y consideró ese monto económico como un probable daño a la Hacienda Pública.
Por último, la ASF constató que “29 de los 33 vehículos no estuvieron inventariados, debido a que a la fecha de la inspección no se había realizado el trámite de placas, al igual que la camioneta tipo Van en la que se instaló el equipo especializado. El Órgano Interno de Control en la Fiscalía de Justicia inició el procedimiento para determinar posibles irregularidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente EPRAOIC/FGJET/030/2023”.
La Auditoría Superior de la Federación concluyó que los recursos del FASP tuvieron una contribución razonable en los objetivos de la política pública “no obstante que algunos de los indicadores y metas vinculados con estos registraron insuficiencias”.
Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados antes de emitirse el informe final. El restante generó una solicitud de aclaración. “En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa infringió a la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5 millones 134 mil 100 pesos, que representa el 3.0% de la muestra auditada”.
Asimismo, se registraron incumplimientos en obligaciones de transparencia, ya que se remitieron los informes mensuales de forma extemporánea en enero, febrero, mayo y junio de 2022, sin adjuntar la documentación comprobatoria.
SJHN