En un informe interno, el Instituto Nacional Electoral (INE) alertó que el llamado Plan B de reforma electoral no sólo vulnera la autonomía y la independencia de la organización de las elecciones, sino que pone en riesgo severo la certeza de la contienda presidencial del 2024, que provocará una ineficacia institucional, que existe un alto riesgo de sustracción de datos personales de la ciudadanía y que al menos 5 mil personas perderán su trabajo.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentará mañana un informe sobre la incidencia en la función electoral que implican los decretos de reforma electoral, tanto el que ya se aprobó y publicó a finales de año, como el que se prevé debatir en febrero en el Senado.
Insistieron en que estos cambios tienen “un efecto regresivo incomprensible” y altos y severos riesgos, contrarios a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los vuelven inconstitucionales. Además, exhibe que los tiempos que proponen son contrarios a la ley y muchos de estos incluso se empalman.
El documento de 164 páginas concluyen varios riesgos en la reestructura organizacional, la fusión de direcciones, la compactación de estructuras, la modificación de la naturaleza constitucional de los órganos directivos y técnicos del INE por la afectación a la profesionalización del Servicio Electoral Nacional, la violación a aspectos laborales y de independencia presupuestal.
Pero también, incluye los impactos por el cambio al inicio del proceso electoral federal que dañará los tiempos de precampañas, así como la integración de las Mesas Directivas de Casilla, el traslado de paquetes, los resultados electorales, el Padrón Electoral, las afectaciones al modelo de fiscalización, las obligaciones de los partidos políticos, las facultades reglamentarias el INE y las condiciones para sancionar las irregularidades en las contiendas.
Destaca que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador “pone en riesgo severo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadanas, bajo los principios y estándares establecidos”, que “repercutirá en un debilitamiento de las estructuras centradas y desconcentradas del INE” y existe un “alto riesgo de pérdida o sustracción de datos personales de los ciudadanos que solicitan sus trámites”.
Lo que afectará las elecciones del 2024, pues existe una total incertidumbre en la distribución de tareas entre el INE y las autoridades locales, lo que podría provocar retrasos en la organización.
Además, debido a que la reforma contempla que el proceso electoral inicie hasta noviembre y no el 1 de septiembre, como siempre ha sucedido, este cambio reduciría los tiempos de precampañas y afectaría las campañas, lo que implicaría que caigan en actos anticipados de precampaña y campaña.
Y exhibe incongruencias en los tiempos, por ejemplo, estipula que los Congresos locales contarán con 180 días para realizar las adecuaciones pertinentes exceptuando sólo el Estado de México y Coahuila, lo que no cuadra con los tiempos constitucionales para hacer cambios electorales.
“Considerando que se publique en febrero de 2023, ese plazo fenecería en agosto de 2023, por tal motivo, este plazo es inoperante, ya que en nueve entidades tienen su inicio de proceso electoral local 2023-2024 en septiembre, por lo que cumplir con los 90 días que marca el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tendrían que aprobar sus adecuaciones locales en mayo.“En el supuesto de que las reformas locales se hagan en tiempo y forma, estos nueve OPL tendrían que hacer las adecuaciones de sus estructuras en un mes”, indica.
Y por primera vez, el informe estima un número de personal que se afectaría por la reestructura ordenada, y que implicaría miles de despidos.
“La reforma establece que las oficinas distritales desaparecen casi en su totalidad, esto implica la liquidación de por lo menos 5 mil 80 personas, cifra a la que deberá adicionarse el número de personas que deberán dejar de laborar derivado de la reestructura de las oficinas centrales y de las Juntas Ejecutivas Locales”.
El documento concluye que “los dos decretos tendrán repercusiones negativas en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en nuestro país, pues afectará aspectos sustanciales para la organización de los comicios, así como también las condiciones de la competencia electoral.
“El adelgazamiento de la estructura, así como el recorte o reconfiguración de procedimientos que no responden a criterios técnicos, sino de oportunidad política, conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimientos que, hasta ahora, han permitido procesos electorales cuyos resultados han facilitado la alternancia de gobernantes y proporciona legitimidad a quienes resultan electos”, agrega.
Defienden que el INE “nunca ha excedido sus atribuciones constitucionales” sino que ha tenido que actuar ante omisiones legislativas o para perfeccionar la norma, lo que ha sido respaldado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y advierten que “sujetar al INE a normas administrativas y presupuestarias que regulan el Ejecutivo Federal u obligar la instalación de módulos en edificios de gobiernos vulnera la autonomía constitucional y la independencia que el órgano electoral debe tener respecto con los actores políticos.
“Obligar que los recursos no ejercidos sean forzosamente reintegrados a la Tesorería de la Federación generan inmovilidad presupuestaria y financiera para atender necesidades instituciones sobrevinientes y contingencias”.
Por lo que recalcan que “es evidente la vulneración a la autonomía constitucional del INE y la independencia que el órgano electoral debe tener con respecto a los actores políticos con el riesgo de generar ineficacia institucional”.