El Consejo General del INE debatirá este jueves los lineamientos con los que regulará los procesos internos de los partidos políticos, en los que propone prohibir cualquier tipo de expresión con la que pretendan posicionar perfiles para un cargo público en el 2027, obligarlos a que entreguen una relación de aspirantes y eventos a realizar para supervisarlos, además de someterlos a fiscalización y contarles cada gasto detectado.
MILENIO confirmó que la propuesta que se debatirá, mejora la presentada por el consejero Jorge Montaño y que el Consejo General dejó en suspenso desde mayo, al rechazar la de su colega Arturo Castillo que buscaba vigilancia más estricta.
Sin embargo, tal como el consejero Montaño adelantó a este medio, su propuesta fue modificada y ahora, recoge las aportaciones de varias consejerías e incluso de los partidos políticos. Y con esas contribuciones, en realidad, el proyecto final a debatir termina siendo muy similar al del consejero Castillo pero que la mayoría del Consejo General rechazó hace dos meses.
Los lineamientos a debatir, buscan que el INE vigile permanentemente estos procesos internos y garantice que no afectarán la equidad de la contienda, por lo que abarcan reglas para los partidos políticos, para cada aspirante que se registre, para las personas del servicio público o del Poder Legislativo que lleguen a participar en los eventos, restricciones sobre lo que se puede decir y lo que no, la propaganda permitida y la que será sancionada, así como criterios de fiscalización para contarle cada peso a las fuerzas políticas.
Estas reglas toman como referencia la experiencia de las llamadas corcholatas en 2024, donde aspirantes a la Presidencia de la República participaron en un proceso interno para una coordinación territorial, y en el que Morena como partido y los participantes en los individual, recibieron diferentes multas por irregularidades en el manejo del dinero de sus eventos.
Para este proceso se deja claro que las reglas son aplicables para todos los partidos, sin importar “la denominación específica” que cada uno le dé o la temporalidad en que arranquen, al considerar que, por ejemplo, Morena ya comenzó el suyo.
Se retoma la obligatoriedad que se rechazó en la propuesta anterior, de que una vez que el partido formalice el inicio de su proceso interno, tiene un plazo de tres días naturales para remitir al INE la convocatoria, acuerdos y lineamientos con los que desarrollará su proceso.
También tendrá que entregar al INE la lista con todos los nombres de las personas que se inscribieron, clave de elector, CURP, RFC, número telefónico, domicilio y correo electrónico para que reciban notificaciones en caso de requerimientos personales. A su vez, deberán informar sobre los eventos que se prevén realizar para que el INE pueda supervisarlos.
El efecto 'corcholatas': El origen de los nuevos lineamientos de control
Establecen que los actos, eventos o actividades están permitidos pero son reglas, primero, siempre que no sean actos anticipados de precampañas o campañas, que no pueden tener como objeto obtener el respaldo de precandidaturas o candidaturas; no pueden promoverse para un cargo de elección popular en el proceso 2026-2027.
Tendrán estrictamente prohibido hacer llamados al voto directos o indirectos o producir manifestaciones de carácter electoral.
Tampoco pueden desplegar propaganda proselitista electoral con la aclaración de que “la propaganda informativa no será ilícita por sí misma, dependerá de eventuales irregularidades” como hacer referencia a las elecciones o promociones personalizadas en busca de cargos públicos.
El partido tendrá la obligación de retirar la propaganda en un plazo no mayor a 10 días naturales cuando concluyan su proceso interno.
En los eventos, queda prohibida la entrega de cualquier tipo de materia que oferte beneficios directos, indirectos, futuros o inmediatos. En caso de difundir encuestas, tendrán que presentar al INE la metodología y costo, y será computado en los gastos ordinarios del partido.
Para las personas servidoras públicas, la propuesta establece que podrán participar en días inhábiles en los eventos de este proceso interno de su partido, pero absteniéndose de tener una participación activa y preponderante; mientras que las y los legisladores, también podrán participar en días hábiles si no interfiere con actividades parlamentarias.
Estará prohibido el uso de recursos públicos o programas sociales y usar tiempos de radio y televisión para promover a las personas participantes.
El partido podrá financiar este proceso interno, siempre que no implique una especie de campaña electoral. Por ejemplo, en el caso de Morena en el proceso interno de 2024, el partido le dio a cada aspirante cinco millones de pesos para pagar sus eventos en todo el país, y sólo Adán Augusto López lo rechazó, pero acabó multado por opacidad en el dinero con el que se financió.
Fiscalización y topes millonarios a las aportaciones de simpatizantes
Por lo que ahora, las reglas definen que el partido podrán recibir aportaciones de simpatizantes y aspirantes, pero con la obligación de reportarlo al INE y con límites específicos.
En el caso de los aspirantes podrán aportar máximo tres millones 304 mil 893.61 pesos, mientras que los militantes y simpatizantes podrán aportar como máximo 826 mil 223.40 pesos. Todo el dinero será fiscalizado.
Para detectar cualquier irregularidad o violación a estas reglas, el INE monitoreará espectaculares, carteleras, bardas, mantas, lonas y vinilonas, vallas publicitarias, anuncios en transporte público, pantallas digitales, puentes, buzones, parabuses, muebles urbanos y propaganda utilitaria. Así como información en internet, redes sociales, páginas web o publicidad en videos.
De aprobarse estos lineamientos este jueves, Morena tendrá que ponerse al día luego de que su primera convocatoria se lanzó hace más de un mes, y deberá difundir la lista de 277 aspirantes registrados que hasta ahora no ha hecho pública, así como los criterios con los que resolverá quiénes pasarán a la encuesta.
IOGE