El Consejo General aprobó un plan emergente para restaurar la integridad del INE ante la "crisis" que enfrentan por las denuncias contra Guadalupe Taddei, que implica buscar auditorías externas y solicitar una revisión urgente a la Auditoría Superior de la Federación, pedir información de proveedores y mejorar los mecanismos de contratación.
Rastreo de proveedores y blindaje financiero con el SAT y la UIF
La consejera Carla Humphrey explicó el proyecto que propuso a sus pares y que se fortaleció con las aportaciones de las 10 consejerías en funciones.
"Propone solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión urgente de nuestras adquisiciones, arrendamientos y servicios dentro de sus atribuciones constitucionales y legales. Que no quede nada sin revisar".
Explicó que, en ese sentido, si hay duda de las contrataciones antes de la llegada de Taddei, están de acuerdo en que se aclare cualquier señalamiento que no abone a la confianza ciudadana.
"La revisión que solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación debe seguir el recorrido completo del gasto, desde la necesidad que origina una compra, desde su costo hasta su entrega, su pago y su utilidad.
"Las observaciones de auditorías anteriores reclaman seguimiento documentado. Debemos saber qué se aclaró, qué se corrigió y qué requiere todavía la intervención de las autoridades competentes. Un entorno libre de corrupción se construye con controles que funcionen antes, durante y después de cada contrato".
Reconoció que se requiere competencia auténtica y sin simulaciones, que sean entre proveedores honorables, con decisiones justificadas y con consecuencias frente a incumplimientos.
El proyecto inicial proponía rastrear la administración de Taddei, pero la propuesta amplió a un periodo de 10 años para rastrear, del 3 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de 2026, sin embargo, Movimiento Ciudadano consideró que era absurdo, si hay plazos de tres y siete años para investigar.
Al respecto, propusieron ajustarlo a los periodos que la ASF tenga en sus lineamientos.
Para mejorar el rastreo y blindaje a proveedores solicitarán a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT un informe sobre los contratistas.
Y para evitar que se repitan ocultamiento o falsedad de información de directivos, personal de áreas y trabajadores de otros niveles, impuestos por Guadalupe Taddei que eran socios o representantes de las empresas proveedoras, “en todos los casos de contrataciones, las personas físicas y morales que sean proveedores entreguen su estructura gerencial y administrativa, socios y accionistas”.
La peor crisis en la historia del INE y la urgencia de reformas
El consejero Arturo Castillo destacó la necesidad de que el INE se someta al escrutinio público y también, las autoridades revisen los contratos y tengan certezas para continuar o rescindir.
"Para crisis histórica se requieren medidas extraordinarias y mucho se ha discutido también en la opinión pública y en el debate sobre cuál es el origen y las agravantes de la crisis que el día de hoy vive el Instituto Nacional Electoral. Sin duda alguna es la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución.
"Jamás se había visto la renuncia de la Presidencia del Consejo General vinculado a un escándalo de corrupción, se habían sustituido antes de tiempo por motivos de reformas, pero jamás habíamos visto algo de esta naturaleza".
La consejera Humphrey incluso, recalcó que la revisión de todos los directivos tiene como intención retomar la esencia técnica, por lo que reiteraron que además de las medidas internas, es necesario que el Poder Legislativo restaure la colegialidad.
"Con la indebida norma actual de designación unilateral de integrantes de la Junta General Ejecutiva, en la que todas las personas con voz y voto deban su cargo a la presidencia del instituto, expresidencia del instituto y a nadie más, tenemos que saber que este órgano central ha dejado de servir al propósito para el que fue creado.
"Me parece indispensable que el Legislativo, que aquí está representado por las representaciones de los partidos políticos, pondere su supresión y en su lugar instaure una Comisión de Administración y Presupuesto, integrada por consejerías electorales y quizá una Secretaría Administrativa, como se hace ya en algunos Organismos Públicos Locales. Esta dinámica de la Junta General Ejecutiva tiene su origen en la pérdida de los contrapesos internos.
"La centralización decisoria de la ex Presidencia del INE, gracias a una reforma legal que habría que revertir, terminó por derribar la colegialidad que, a su vez, encarnaba una mejor toma de decisiones por la pluralidad de ópticas y métodos de análisis en un órgano plural".
Los partidos políticos respaldaron estas acciones, las auditorías internas y externas, y el mensaje de transparencia.
IOGE