INE da de baja a 600 auxiliares por firmas irregulares para revocación de mandato

La Comisión de Quejas y Denuncias dio 12 horas para darlos de baja, inhabilitarlos para que sigan enviando más apoyos y las firmas que hayan presentado serán invalidadas.

La comisión dio 12 horas para darlos de baja e inhabilitarlos para que sigan enviando más apoyos. | Melanie Torres
Jannet López Ponce
Ciudad de México /

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dio de baja a más de 600 auxiliares por enviar más de 71 mil firmas para la revocación de mandato que presentaban irregularidades, fotografías de objetos, pantallas o copias de la credencial de elector que no queda claro de dónde las obtienen y si se trata de abuso del uso de datos personales, por lo que todos sus apoyos digitales se declararán inválidos.

Entre estos 600 promoventes está Gabriela Jiménez, ex candidata de Morena y presidenta de la organización “Que siga la democracia”, quien esta mañana entregó 1.6 millones de firmas más impresas en el INE, con lo que sumó 3.7 millones de rúbricas en papel y que ella misma presumió, incluían copias de la credencial de electoral de las miles de personas que habrían apoyado la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia presentada por el PAN se centra únicamente en las firmas recolectadas a través de la aplicación móvil, específicamente de diez promoventes que han entregado 564 mil 524 apoyos, de los cuales, 71 mi 755 presentan inconsistencias.

Los titulares son Dirce Nallely Luna Lindoro, Graciela Ramírez Hernández, Jair Muñoz Urbina de la asociación “Que siga el Presidente”, y de la asociación “Que siga la democracia” a Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Francisco Facio Moctezuma, Uriel Orozco Hernández, Sandra Irma Arce Castelazo, Adriana Calderón Rodríguez, Laura Núñez Toribio y Ricardo Giovanny Chavarría Mateo.

El proyecto planteó que detectaron que “se fotografío un objeto distinto a la credencial para votar como una fotocopia o una pantalla o cuando no se capturó el rostro en vivo de la persona ciudadana que expresaba su apoyo, cuando no se encontraba completamente descubierto, correspondía a un objeto o se trataba de una persona distinta”, enviadas por un total de 600 auxiliares.

La comisión dio 12 horas para darlos de baja, inhabilitarlos para que sigan enviando más apoyos y además, los que hayan presentado serán declarados inválidos.

La consejera Claudia Zavala advirtió que “hay que verlo en su magnitud, cuando estamos viendo que tiene que ver con copias de credencial de elector ¿de dónde sacaron esas copias? La ciudadanía de verdad está presentando copias ¿o las están tomando de algunos archivos en los que se estuvieron pidiendo copias de la credencial para ciertas cuestiones o trámites gubernamentales o de cualquier tipo? Esto pone en entredicho el uso de los datos personales”.

En lo que coincidió el consejero Ciro Murayama, quien destacó que “empezamos a detectar patrones de simulación muy preocupantes, sobre todo cuando se trata de millares de fotocopias de credenciales para votar, es decir, eso indica que no hubo contacto con el ciudadano o con la ciudadana titular de la credencial sino que se tuvo acceso a una fotocopia que alguien hizo para la credencial para votar, y que desde hace años las hemos declarado inválidas porque no permiten aclarar que la persona por voluntad propia acudió”.

Dan de baja a Benjamín Robles y funcionarios de Veracruz 

La Comisión también aprobó por unanimidad dar de baja al diputado federal Ángel benjamín Robles Montoya, quien se registró como auxiliar de Jóvenes Unidos Desarrollando Oaxaca A.C., cuando “se advierte que existen disposiciones y normativas expresas que prohíben la participación de este tipo de servidores públicos a fin de evitar el uso indebido de recursos públicos”.

Lo mismo con Arturo Sosa Vázquez, director general del Patrimonio del Estado de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, quien, a su vez, dio de alta a Rocío Arcos Vergara y María Estefany Barrera Anzures también funcionarias del gobierno veracruzano.

También se dio un plazo de 12 horas para darlos de baja y que los apoyos enviados por estos funcionarios, sean declarados inválidos.

Mientras que, por el contrario, declararon improcedente la tutela preventiva contra la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por hacer una mención sobre la promoción de revocación de mandato, al considerar que no rebasó sus límites constitucionales y legales.

​JLMR

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